Las acusaciones populares que forman parte de este proceso judicial solicitaban, mediante un escrito, imponer penas de 24 años de cárcel a los acusados. Lo hacían exponiendo que estas condenas se correspondían con delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Ahora bien, además de ello, también deslizaban motivos por los que debería de haber de un control estricto sobre los imputados en esta causa, procediendo a la retirada del pasaporte o llamando a comparecencias quincenales en el juzgado, alegando que, ante el tiempo de prisión reclamado, hay un “evidente y fundado riesgo de fuga”.
En este contexto, el juez Peinado recibe este lunes a la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez comparece ante el magistrado siendo consciente de que este ya ha sugerido la posibilidad de impulsar este tipo de medidas tanto sobre ella como al resto de acusados. Así lo apuntaba el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, indicando que ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen.
No solo eso, sino que, además de ello, Peinado ya tornaba protagonista esta audiencia preliminar que se convoca previamente al posible paso definitivo a instancias superiores, ya que se trata de un acto que no requiere la asistencia de los investigados. Sin embargo, el magistrado insistía en que la mujer del presidente del Gobierno esté presente este lunes en los juzgados, al subrayar que, en caso de que no acudieran, serían conducidos al tribunal por "la fuerza pública".
Estas decisiones del juez, tanto la de obligarles a acudir a la audiencia preliminar como tomar medidas argumentando un posible riesgo de fuga, resultan llamativas para muchos al hallarse Begoña Gómez continuamente rodeada de escoltas policiales y encontrarse el empresario Juan Carlos Barrabés en un estado de salud especialmente delicado, tal y como se indica os informes médicos que constan en la causa.
Las acusaciones populares, conformadas entre otros por HazteOír, Vox, Iusticia Europea, Manos Limpias, son las que reclaman que se tomen estas medidas, así como se impongan las señaladas penas de prisión. Por su parte, se espera que la Fiscalía no se sume a esta solicitud, más teniendo en cuenta que ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez.
Tras más de dos años, esta causa llega a sus últimos compases en los Juzgados de Instrucción, una fase que ha casi ha terminado por resultar más polémica debido las actuaciones del juez Peinado que por los de los que se acusan a los investigados. A lo largo de este tiempo, el magistrado ha sido corregido en numerosas ocasiones por instancias superiores que, además de llamarle al orden, también reprochaban sus intentos de hacer avanzar el caso, ya que señalaban una notable falta de pruebas así como una escasa capacidad de argumentación por parte de Peinado.
En este proceso judicial la Fiscalía se ha manifestado en diferentes ocasiones en contra de la forma en que el juez Peinado ha gestionado la causa, reprochando que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara".
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