El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio de un conflicto competencial con el Gobierno canario por el nuevo protocolo de acogida de menores migrantes que ha puesto en marcha el ejecutivo de las islas.
Concretamente, este nuevo marco de actuación que el gobierno presidido por Fernando Clavijo puso en marcha este jueves es más estricto y rígido en los trámites de acogida. Un protocolo que el Gobierno central ha elevado ante el Tribunal de Garantías este mismo martes, en Consejo de Ministros, al considerar que es inconstitucional al dejar de acometer sus obligaciones competenciales delegando en el Estado una responsabilidad que está derivada.
La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es que el nuevo protocolo quede en suspenso mientras el Tribunal Constitucional estudie el fondo de la cuestión. Una actuación que va en línea de lo mostrado por la Fiscalía Superior de Canarias, quien, el pasado viernes, ya emitió un escrito en el que acusaba a la administración liderada por Fernando Clavijo de desproteger a los migrantes, además de poder incurrir en discriminación, delegación de competencias autonómicas y abandono.
Una relación rota
Las relaciones entre el Gobierno central y el canario no pasan por su mejor momento. Lejos queda la unidad de acción previa al parón veraniego, cuando ambas administraciones pedían conjuntamente la aprobación de la ley de Extranjería para que el exceso de menores migrantes que arribaban a las islas fuesen repartidos por la totalidad de las comunidades autónomas españolas. Un mecanismo positivo para Canarias, que atraviesa una crisis migratoria sin parangón, con los centros humanitarios colapsados y las organizaciones no gubernamentales exhaustas y en situación crítica.
No obstante, aquella votación no consiguió la luz verde del Congreso de los Diputados. Fue el bloque de la derecha, junto a Junts per Catalunya, quien negó la posibilidad de que esta herramienta legislativa prosperase, condenando a los ciudadanos canarios a una situación límite. No obstante, y pese a que uno de los partidos que votó en contra fue el PP, socio con el que Clavijo gobierna en las Islas, la administración del archipiélago ha decidido convertir al Gobierno central en su objetivo número uno.
Todavía en agosto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a la isla de La Palma para mantener un encuentro bilateral con Clavijo, quien había demandado la reunión. Aquel encuentro transcurrió en un tono positivo, pero sin soluciones a la vista. Desde entonces, la guerra se ha reproducido y la relación se ha ido tensando y rompiendo por momentos.
Nada ha contentado a Clavijo, que asiste al entuerto temeroso por la gran llegada de cayucos que amenazan con inundar sus costas en un nuevo otoño caliente. El líder del Ejecutivo central, por el momento, insiste en que la ley de Extranjería es el mecanismo que necesitan las islas, además de atajar el problema de las mafias en origen.
No es casual que el presidente, justo después de reunirse con su homólogo en La Palma, decidiera hacer una gira por Mauritania donde alcanzó acuerdos con los países emisores de migrantes para favorecer la migración circular, la formación en origen y la devolución de los ilegales. Tres objetivos que fueron ampliamente criticados tanto por su oposición, que le exige más contundencia, como por el bloque de izquierdas, que reclama más humanidad.
