El Pleno escoba del martes bajó el telón a un curso político marcado por el enfangado debate parlamentario, a falta de que Pedro Sánchez ponga el broche de oro con su tradicional balance de final de temporada, que se espera para inicios de la próxima semana. El Gobierno pasó la reválida, con el varapalo del decreto-ley antiapagones y textos como el de Movilidad Sostenible o la Ley de eficiencia judicial que se retiraron por falta de apoyos. Proyectos que Moncloa ha aparcado ante la llegada de las vacaciones y que espera retomar tan pronto como arranque el próximo periodo de sesiones. Se espera un otoño legislativo con deberes acumulados para el próximo mes de septiembre, cuando previsiblemente se reinicien los contactos para tramitar estas iniciativas de calado, junto a la reducción de jornada o la enquistada Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre inmigración.
Del fin de curso parlamentario resuena con fuerza, en especial desde sectores de la derecha política y mediática, la derrota del Gobierno con el decreto antiapagones. Votación perdida, pero con sabor dulce. Al menos esa es la lectura que proyectan desde Moncloa y desde el Partido Socialista. El propio Sánchez minimizaba daños desde América del Sur. “Siete de ocho, ni tan mal”, ironizaba el presidente, en referencia a los otros proyectos que sí vieron la luz, incluyendo las reformas del Reglamento del Congreso impulsadas por el Grupo Socialista, así como los otros dos reales decretos y las leyes devueltas por el Senado. En consecuencia, la coalición echa el cierre legislativo al ecuador de la legislatura con 42 iniciativas aprobadas; desarbolando el relato de un PP que se esmera por dibujar a un Ejecutivo frágil y obviando la endiablada aritmética de la Cámara Baja.
Tareas pendientes
Precisamente esa complejidad para ahormar mayorías – o mantenerlas – es la que ha complicado al Gobierno otras votaciones. Incluso ha forzado a las dos fuerzas de la coalición a postergar la tramitación de otros proyectos. Estaba previsto que en el Pleno escoba se debatiera también la Ley de Movilidad Sostenible e incluso el proyecto de Félix Bolaños de reforma del acceso a la carrera judicial. Ambas se vieron afectadas por la falta de consenso con las fuerzas de la investidura y el Ejecutivo ordenó su retirada del orden del día, dejando para septiembre su andadura parlamentaria.
Fuentes próximas al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes esperan retomar el hilo a partir del próximo mes de septiembre para tenerla atada tan pronto como sea posible. Lo mismo ocurre con el articulado impulsado por la cartera que dirige Óscar Puente. Los socialistas evitaron llevar al Pleno la Ley de Movilidad Sostenible ante el previsible veto de Podemos, que avanzó en los días previos que la dejaría caer. La norma, que ha requerido de un arduo trabajo de negociación durante el proceso de enmiendas, se encuentra en su última fase de tramitación, pero la negativa de los morados obliga a Transportes a guardarla en un cajón durante el verano.
En el Ejecutivo existe cierta preocupación con la deriva que han tomado los de Ione Belarra, que unida a la ciclotimia de Junts, arroja más luces que sombras de cara al mes de septiembre. Las derrotas parlamentarias merman la salud del Ejecutivo, que no está para muchos sustos habida cuenta del ruido extraparlamentario. Especialmente desde el plano judicial, a pesar del balón de oxígeno que ha concedido a los socialistas la imputación de Cristóbal Montoro. No obstante, en Moncloa esperan que se rebaje el suflé de cara al próximo periodo de sesiones para afrontar las negociaciones – y las relaciones con el resto de socios – con otra perspectiva.
Cuentas pendientes de Sumar
La parte minoritaria del Gobierno también tiene deberes atrasados, a los que no ha podido dar cumplimiento en la primera mitad del año. Muchos de ellos llevan pendientes desde comienzos de legislatura – incluso desde la pasada - y algunos están contemplados en el acuerdo de investidura firmado por las dos partes. Desde Sumar culpan al PSOE de algunos de estos retrasos y a la falta de mayorías parlamentarias de los otros, pero aseguran que se pondrán las pilas al volver de vacaciones.
La medida más sonada de todas, por su repercusión y las discrepancias que ha generado entre ministros del Ejecutivo, es la reducción de la jornada laboral. Alcanzar un acuerdo con los sindicatos, del que las empresas se han caído, llevarla al Consejo de Ministros y seguir los cauces habituales ha supuesto más de un año, antes de chocar con el muro de Junts. La derecha catalana, en connivencia con las patronales, no piensa dejarla pasar, lo que ha llevado a los magentas incluso a recular y no llevarla al último pleno escoba del curso.
Díaz insiste en ganar tiempo para poder negociar con los de Carles Puigdemont y reunir la mayoría necesaria para aprobar una norma que ya llegaría, de llegar, mucho más tarde de lo comprometido. Algo similar le ocurre al Estatuto del Becario que, pese a que el acuerdo con los sindicatos fue suscrito hace más de dos años, sigue en el cajón y ni siquiera ha superado todavía el paso previo del Consejo de Ministros. Las patronales no lo apoyan, lo que anticipa el voto de las derechas parlamentarias, y al PSOE no le convence, por lo que su futuro parece negro.
Por los otros dos asuntos pendientes están llegando reclamos hasta desde Bruselas. El primero es la indemnización por despido improcedente, que no se abordó con la última reforma laboral, y que incumple la Carta Social Europea. Sumar quiere llevarlo cuanto antes al seno del Gobierno y al Parlamento, pero siendo realistas apuntan a finales de año. Esta modificación está recogida en el acuerdo de Gobierno y la Comisión Europea ya ha sentenciado en dos ocasiones que la indemnización actual es insuficiente y e inexistente el derecho a readmisión obligatoria en determinados casos.
La falta de una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados podría ser de nuevo el lastre para que los trabajadores vieran mejorada su protección y engrosado sus derechos en caso de sufrir estos despidos improcedentes. Es más, ni siquiera los socialistas, representados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se han mostrado favorables a mejorar sustancialmente esta materia. En el caso de la remuneración de los permisos parentales, cuya ausencia también ha acarreado una multa de Bruselas, sucede algo parecido, dado que el PSOE bloquea su avance al no estar de acuerdo con el Real Decreto propuesto por Sumar.
Migraciones sigue bloqueada
Pese a las dificultades que entablan las negociaciones anteriores, ninguna de ellas está tan enquistada como una de las dos iniciativas legislativas populares que están cogiendo polvo en los cajones del Congreso. La primera de ellas, la ILP para regularizar a medio millón de migrantes, lleva ya más de 15 meses durmiendo el sueño de los justos ante la falta de sincronías parlamentarias. El bloqueo del Partido Popular primero, aderezado con las discrepancias internas en la coalición y el resto de aliados, han permitido que el texto permanezca varado otro periodo de sesiones.
Reforma que ha pasado por todo tipo de ciclos. Sobre todo en sus orígenes, con el PSOE dejándola en el fondo del archivador. No obstante, el propio Grupo Socialista reactivó el interés en ella a raíz de un error en la remodelación del Reglamento de Extranjería, que tenía en la regularización extraordinaria la tirita idónea para subsanar los daños. De hecho, Moncloa trasladó a los grupos parlamentarios una propuesta y se reiniciaron negociaciones en el mes de mayo.
Pero, como ocurrió el curso pasado, el interés se fue perdiendo y condenando a la ILP a la sombra de un cajón del Congreso. Su éxito, sin embargo, está sujeto al apoyo o bien de Junts o bien del Partido Popular. Tarea harto complicada, por lo que no se espera que nadie mueva ficha hasta pasadas las vacaciones de verano.
No está tan avanzada como la regularización – pese al bloqueo perenne -, pero sí asoma la ILP para dejar de considerar la tauromaquia como patrimonio cultural. La iniciativa entrega a las autonomías la llave para decidir qué tratamiento le dan, algo que no ocurre en el ordenamiento jurídico actual, pues cuenta con un robusto blindaje constitucional. En cualquier caso, el texto ni siquiera se ha admitido a trámite aún, pero las fuerzas progresistas, en concreto Sumar, espera que pegue un acelerón en los albores del próximo curso político pese a las reticencias del socio mayoritario de la coalición.
