La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado una nueva controversia tras hacer uso privado de un chalé adquirido con fondos públicos y bajo el paraguas de la protección medioambiental. La vivienda, situada en una finca de alto valor natural junto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, fue incorporada al patrimonio autonómico mediante una fórmula legal que permite al Gobierno regional ejercer su derecho de adquisición preferente sobre terrenos catalogados como "monte protector".
La operación fue aprobada en octubre de 2023 por el Ejecutivo de Ayuso, que justificó el desembolso de 4,3 millones de euros apelando a “las características de los terrenos” y su relevancia ambiental. “Resulta conveniente proceder al ejercicio del derecho de adquisición preferente para su incorporación al patrimonio de la Comunidad de Madrid”, sostiene literalmente el acuerdo de Consejo de Gobierno que ha podido leer elDiario.es.
La finca en cuestión contaba con un contrato de compraventa ya cerrado entre su propietario y una empresa privada. Sin embargo, la administración autonómica frustró la operación al acogerse a la Ley de Protección de la Naturaleza, que le permite intervenir cuando se trata de fincas de más de 250 hectáreas o declaradas monte protector, como ocurre en este caso. El terreno fue catalogado como tal en 1935, según el propio expediente oficial.
Lo que ha levantado críticas no es solo la maniobra legal para hacerse con la finca, sino el uso posterior que se le ha dado a la vivienda allí levantada: un chalé de varias plantas, piscina y suite. Según se ha conocido, Ayuso pasó allí un fin de semana junto a su pareja y su familia durante el mes de julio, sin ningún tipo de actividad institucional de por medio.
Cuestionada por los medios, la presidenta se limitó a responder que pasó “dos días con el tupper de casa” y subrayó: “Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. Y me pago mi casa”. Una afirmación que deja sin aclarar del todo por qué, en este caso, optó por alojarse en una propiedad pública adquirida con una supuesta finalidad ecológica.
Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, insisten en que la vivienda es “muy modesta”, pese a que un vídeo promocional de la inmobiliaria que comercializaba el inmueble muestra una propiedad amplia, equipada con todo tipo de comodidades y concebida como residencia privada.
La Consejería de Medio Ambiente defiende la compra como una “oportunidad” única para reforzar la política de conservación de la Comunidad de Madrid. En su informe, se destaca que se trata de “un territorio con altos valores naturales, culturales y paisajísticos”, y que su adquisición “supondría un hito” para los objetivos de protección de la Sierra de Guadarrama.
No obstante, el uso real de la vivienda dista de los fines conservacionistas alegados. Según ha declarado el consejero del ramo, Carlos Novillo, el chalé podría utilizarse “para celebrar reuniones del Ejecutivo o la Consejería” y “también, evidentemente, puede ser utilizado como pernocta de aquellos miembros de Gobierno que puedan”.
Ahora bien, quienes han tenido acceso al interior del inmueble señalan que no está adaptado a ningún uso institucional. La vivienda, de hecho, mantiene su estructura original: “con salones, cocina y habitaciones”, más acorde a un alojamiento vacacional que a un centro para la conservación del patrimonio natural.
