La sensación en el seno del Gobierno es alivio absoluto. Prueba de ello es que afrontaron el Pleno de este miércoles como una pseudo cuestión de confianza que, a su juicio, Pedro Sánchez aprobó de manera holgada. Los socios esperaban en sus escaños con la escopeta cargada, a la espera del más mínimo paso en falso del jefe del Ejecutivo. Si bien el bloque de la investidura mantiene el ceño fruncido, el Plan Estatal anticorrupción cauterizó las heridas abiertas, a expensas de los próximos avances judiciales en el marco del caso Cerdán. No obstante, advertían de que esto no implica carta blanca, sino que el renovado apoyo –con matices– debe acompañarse con un aluvión legislativo de carácter social. Es decir, el BOE como trampolín para evitar la venida de un “ciclo reaccionario”.
Moncloa sorteó con creces el auto de fe en la Carrera de San Jerónimo. No sólo consiguió sacar de sus casillas y retratar el giro conservador de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso del fin de semana pasado, sino que consiguió reagrupar al bloque de la investidura bajo su bandera. Lo hizo al desnortar al líder de la oposición, que al ver que los socios no se bajaban de la burra progresista, entró en cólera y agrandó sus barreras en el Hemiciclo. A partir de ahí, la mayoría de la investidura cerraba filas –con asteriscos– en torno al presidente. Sobre todo, ante los furibundos ataques de un Feijóo abrazado a la retórica ultra.
Carpeta social
En cualquier caso, aunque en Moncloa se recupera el aliento tras un Comité Federal tormentoso, los socios insisten: sin medidas sociales, no hay legislatura. Especialmente las formaciones de tinte progresista, a excepción de un Podemos que se ciñe a su estrategia de oposición a Yolanda Díaz. De hecho, el Ejecutivo recogió el guante que le brindaron sus aliados y fuentes del Consejo de Ministros agradecieron su generosidad para con el presidente.
Todo fueron avisos y críticas por la “parálisis” legislativa de los socialistas, pero ninguno hizo ademán de bajarle el pulgar a Sánchez. Como tampoco se proyectó la sensación de que el presidente del Gobierno haya perdido la mayoría del Congreso. La tesis de Moncloa es que desde sus patas parlamentarias se ha lanzado un mensaje a Feijóo: nadie está dispuesto a dejarse engatusar por la dialéctica ultra, así que a los socios no les queda más remedio que echarse a los brazos de la coalición progresista.
Yolanda Díaz fue especialmente clara en el Pleno señalando que se necesitan “hechos y no palabras”, exigiendo a la par un “cambio de rumbo” y un “giro social”. Pero no solo Sumar, también los demás apoyos parlamentarios han plasmado el mismo mensaje de la necesidad de una agenda social.
Ya este jueves, era Ernest Urtasun, ministro de Cultura, el que ha destacado que Sumar tenía claro que no iban a romper el Gobierno y que la salida de esta crisis no podía ser entregarle el Ejecutivo al PP ni a la extrema derecha de Vox; pero sí eran conscientes de que si no se tomaban determinadas medidas la “legislatura no podía continuar y así se lo trasladaron al PSOE”.
“Nosotros estábamos por no tirar la toalla y tratar de sacar la legislatura adelante”, ha subrayado, insistiendo en que la aprobación de las medidas anticorrupción es un paso muy “importante” y que tiene que pasar del anuncio a la concreción, porque en Sumar consideran que ya “no pueden fallar más”.
Sobre la mesa, especial notoriedad tiene la reducción de la jornada laboral. Hay opciones de que vaya al Congreso el próximo día 22 de julio, no obstante, desde Trabajo insisten en que continúan las negociaciones con Junts y no hay nada claro, ya que es una cosa en la que se está trabajando.
Por su parte, en el PSOE, con vistas puestas en el verano y confiando en que el ‘caso Cerdán’ no se convierta en el ‘caso PSOE’, han salido contentos de la prueba de fuego de este miércoles en el Congreso de los Diputados frente a un PP que “lo está haciendo muy mal” y está condicionado por Vox.
Con todo ello, el balón de oxígeno está condicionado no solo a cumplir el plan expuesto contra la corrupción, sino también a avanzar en la agenda social comprometida. Ya no solo en políticas laborales, como es la reducción de jornada, sino también en materia de vivienda, como exigía Gabriel Rufián.
