El presidente del Gobierno ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar oficialmente el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una batería de 15 medidas elaboradas en cooperación con la OCDE y con la participación de expertos, grupos parlamentarios y el Foro de Gobierno Abierto. El objetivo es claro: colocar a España a la vanguardia europea en la prevención, investigación y sanción de la corrupción.
Estas propuestas llegan tras semanas de presión política por los casos que han salpicado al PSOE y sus exsecretarios de Organización, y suponen, según Moncloa, “el mayor impulso contra la corrupción de las últimas décadas”. El plan se articula en cinco grandes ejes que abarcan desde la prevención hasta la recuperación de bienes robados.
A continuación, las 15 medidas clave del Plan Estatal contra la Corrupción:
EJE 1: Prevención y control
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Creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, que coordinará la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas en todas las administraciones.
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Extensión del modelo de control de los fondos Next Generation a toda la Administración, para replicar su nivel de exigencia y trazabilidad.
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Aplicación de inteligencia artificial en la contratación pública para detectar patrones anómalos y prevenir el fraude.
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Exigencia de programas de compliance anticorrupción a empresas contratistas y despliegue de pactos de integridad en contratos sensibles.
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Nueva Ley de Administración Abierta con más transparencia, controles patrimoniales aleatorios a altos cargos y mejoras en el Portal de Transparencia.
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Controles más estrictos a partidos políticos: auditorías externas, transparencia en donaciones desde 2.500 euros y nueva Ley de Transparencia de los lobbies.
EJE 2: Protección a denunciantes
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Amparo legal y confidencialidad garantizada para quienes denuncien corrupción ante Fiscalía, Policía o jueces. Las empresas y administraciones estarán obligadas a habilitar canales internos de denuncia.
EJE 3: Fortalecimiento judicial y sancionador
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Creación de secciones especializadas en corrupción en los nuevos tribunales de instancia, con procedimientos exprés para causas con cargos públicos.
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Más recursos para la Fiscalía Anticorrupción y reforma de la instrucción penal para que pase a ser competencia del Ministerio Fiscal.
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Endurecimiento de penas y duplicación de los plazos de prescripción en delitos contra la Administración, con multas a empresas calculadas sobre sus ingresos anuales.
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Sistema de exclusión y listas negras para empresas corruptas, que no podrán volver a contratar con la Administración.
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Sanciones internas a partidos que mantengan a condenados por corrupción y retirada de subvenciones en esos casos.
EJE 4: Recuperación del dinero robado
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Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para detectar, intervenir y gestionar bienes de origen ilícito.
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Introducción del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes sin necesidad de condena firme, para impedir su fuga.
EJE 5: Cultura de integridad
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Estudios anuales sobre corrupción, campañas de concienciación y más formación para los empleados públicos en prevención y ética.
Además, el Ejecutivo ha anunciado que el plan contará con un sistema de seguimiento evaluado por la OCDE, que presentará informes públicos a los 12 y 24 meses para garantizar su cumplimiento. “Vamos a cumplir hasta la última coma”, aseguró el presidente durante su intervención en el Congreso.
Este paquete legislativo se enmarca en una estrategia integral que, según el Gobierno, responde no solo a las recomendaciones europeas, sino también a una demanda ciudadana creciente de mayor integridad institucional.
