Llegó el Día D en el Congreso de los Diputados. Todos los focos apuntaban a la Carrera de San Jerónimo, donde el presidente del Gobierno comparece ante el Pleno de la Cámara para rendir cuentas sobre la trama corrupta que ha salpicado al Partido Socialista con la presunta implicación de sus dos últimos secretarios de Organización. La batería de medidas orgánicas que desgranó el sábado sólo eran un aperitivo. Moncloa se encargó de cebar el anuncio estos últimos días, hablando de un paquete “potente” de medidas que el jefe del Ejecutivo ya ha presentado a modo de Plan Estatal contra la Corrupción compuesto por 15 medidas elaboradas en cooperación con la OCDE.
Sánchez subió a la tribuna de oradores con las cosas claras: “Vengo a asumir mi responsabilidad”. Así arrancaba el presidente del Gobierno, matizando que ello implica pedir perdón a la ciudadanía, pero también significa “tomar medidas” para que casos como el de Santos Cerdán “no vuelvan a pasar” y el Ejecutivo de coalición “siga haciendo avanzar a España”.
Insistió en la “honda decepción” que le invadió al conocer el informe de la UCO e incluso ha reconocido que por su cabeza pasó la dimisión y el adelanto electoral. Pese a la rápida reacción del PSOE al abrir la puerta de Ferraz a Santos Cerdán para abandonar su estructura, Sánchez sopesó dar un paso a un lado como asunción de responsabilidad por “confiar” en las personas equivocadas. Sin embargo, tras un proceso de reflexión, llegó a la conclusión de que el “culpable de los delitos” es quien los comete. Por ello, ha asegurado que no tirará la toalla.
“Voy a continuar por tres razones”, exponía el jefe del Ejecutivo, partiendo de la base de que se define como un “político limpio”. Sánchez ha insistido en alejar las “corruptelas” de Cerdán y Ábalos tanto de Moncloa como de Ferraz, reduciéndolo a tres manzanas podridas. “Lo desconocía. En estos casos es más difícil no creer que creer, que haya dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo”, continuaba el presidente, prometiendo una defensa sin fisuras de la “integridad del proyecto político” que lidera. Pero, además, recuperar la confianza del bloque de la investidura y un proyecto político que trasciende a su persona, le convencieron para redoblar la lucha contra la corrupción.
Las 15 medidas
Sánchez remató esta suerte de prólogo, reivindicando la acción socialista contra la corrupción que se tradujo en 13 iniciativas orgánicas aprobadas el pasado sábado y que, a nivel nacional, culminará con la aprobación de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Una batería de 15 medidas elaboradas en cooperación con la OCDE, además de surgir de las reuniones con algunos grupos del bloque de la investidura. En especial de Sumar, que colaboró en la composición del plan. De hecho, fuentes magentas aseguran que una decena de ellas son “exigencias” propias.
En cualquier caso, el objetivo del Plan no es otro que situar a España a la vanguardia europea en materia de prevención, investigación y posterior sanción de la corrupción. Las propuestas, que llegan tras semanas de intensa presión por parte de los grupos parlamentarios que sostienen a la coalición, suponen, según el presidente, el “mayor impulso” en la lucha anticorrupción “de las últimas décadas”. Un plan que, en su concepción, se asienta sobre cinco ejes:
En el ámbito de la prevención y control, se propone la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, que centralizará la supervisión y persecución de la corrupción en todas las administraciones. Además, se extenderá a todo el sector público el modelo de control de los fondos europeos Next Generation, se utilizará inteligencia artificial para detectar anomalías en la contratación pública y se exigirá a las empresas contratistas programas de compliance anticorrupción. También se contempla una nueva Ley de Administración Abierta con mayores controles patrimoniales a altos cargos, así como auditorías y transparencia más estrictas para partidos políticos y lobbies.
En cuanto a la protección de los denunciantes, se garantizará el anonimato y la protección legal de quienes revelen casos de corrupción, obligando a administraciones y empresas a habilitar canales internos de denuncia. El eje judicial y sancionador se refuerza con nuevas secciones especializadas en corrupción en los tribunales, más medios para la Fiscalía Anticorrupción y un cambio legislativo que endurece penas, amplía plazos de prescripción y establece sanciones a partidos que mantengan a condenados por corrupción. Además, se crearán listas negras para impedir que empresas corruptas vuelvan a contratar con la administración.
Finalmente, en el eje dedicado a la recuperación del dinero robado, se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, incluyendo la posibilidad de incautar bienes sin condena firme a través del decomiso administrativo o preventivo, como medida para evitar la fuga de capitales ilícitos. Todo ello se enmarca en un compromiso por construir una verdadera cultura de integridad pública.
Hechos, no palabras
En los últimos compases de su intervención, el presidente ha defendido que la corrupción "no puede tener cabida en ningún rincón del tablero político, y mucho menos entre quienes representamos valores progresistas", subrayando que este tipo de conductas son radicalmente incompatibles con principios como la igualdad, la justicia social o la defensa de lo público. Asimismo, ha recordado que el actual Gobierno ha gestionado con éxito otras crisis de gran calado, y que esta situación no será una excepción. “No nos escondemos ante los problemas, damos la cara, proponemos soluciones y los superamos”, ha afirmado con firmeza.
En esa línea, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que su Gobierno afrontará esta crisis con hechos concretos: reformas legales, institucionales y operativas que fortalezcan la democracia y blinden las instituciones frente a la codicia y el clientelismo. “La confianza no se recupera con palabras o con pasos al lado, sino con acción y coherencia”, ha declarado. Por ello, ha insistido en que asume “con determinación y humildad” el reto de mejorar los mecanismos para prevenir, perseguir y castigar cualquier forma de corrupción, poniendo el foco en la transparencia, la rendición de cuentas y la regeneración institucional.
