El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar oficialmente el “Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción”, un ambicioso paquete legislativo integrado por quince medidas cuyo objetivo es consolidar a España como referente europeo en transparencia, control, sanción y recuperación de caudales públicos.
Según la Moncloa, este plan representa “el mayor impulso contra la corrupción de las últimas décadas”, y llega tras semanas de intensa presión mediática y política, derivada de escándalos recientes vinculados al PSOE y exsecretarios de Organización. En este contexto, el Ejecutivo ha diseñado un plan dividido en cinco ejes estratégicos: prevención y control; protección a denunciantes; fortalecimiento judicial y sancionador; recuperación del dinero robado; y cultura de integridad.
Un plan ambicioso
El plan estatal de lucha contra la corrupción articula un ambicioso Eje de Prevención y Control que incluye seis medidas clave. Primero, se creará una Agencia de Integridad Pública, un organismo independiente encargado de coordinar la prevención, supervisión y persecución de conductas corruptas en todas las administraciones. En paralelo, se extenderá el riguroso modelo de control utilizado en los fondos Next Generation al conjunto de la Administración, con el fin de mejorar la trazabilidad y exigencia. Además, se incorporará la inteligencia artificial en los procesos de contratación pública para detectar patrones anómalos y prevenir fraudes. Las empresas contratistas deberán implementar programas de compliance anticorrupción, y en los contratos considerados sensibles se promoverán pactos de integridad.
La nueva Ley de Administración Abierta impulsará una mayor transparencia, impondrá controles patrimoniales aleatorios a altos cargos y mejorará el Portal de Transparencia. Por último, los partidos políticos estarán sujetos a auditorías externas, se establecerá obligación de transparencia en donaciones a partir de 2 500 € y se sancionará la actividad de lobbies mediante una nueva normativa específica.
El Eje de Protección a Denunciantes introduce garantías legales y confidencialidad para quienes pongan de manifiesto casos de corrupción ante la Fiscalía, Policía o jueces. Asimismo, empresas y administraciones estarán obligadas a establecer canales internos de denuncia eficaces. En cuanto al Fortalecimiento Judicial y Sancionador, se crearán secciones especializadas en tribunales de instancia para agilizar procesos contra cargos públicos, y se reforzará la Fiscalía Anticorrupción, que asumirá la instrucción penal directamente. También se endurecerán las penas: los plazos de prescripción se duplicarán, las multas a empresas se calcularán en función de sus ingresos anuales, y se implantará un sistema de exclusión y listas negras para las empresas corruptas. Además, los partidos que mantengan en sus filas a personas condenadas por corrupción podrán perder subvenciones y sufrir sanciones internas.
El plan incluye medidas para la recuperación del dinero sustraído y el fomento de una cultura de integridad. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para mejorar la detección, intervención y gestión de bienes de origen ilícito. Además, se introduce el decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes sin necesidad de condena firme, evitando su desaparición. Finalmente, se impulsará una “Cultura de Integridad” mediante estudios anuales sobre corrupción, campañas de concienciación y un refuerzo de la formación en ética y prevención dirigido a empleados públicos.
El Ejecutivo argumenta que estas medidas responden tanto a las recomendaciones europeas como a una creciente demanda ciudadana de integridad institucional. No obstante, la propuesta llega en un momento delicado para el PSOE: tras los recientes escándalos, algunas voces críticas se preguntan si el plan es suficiente o contiene un componente estratégico para recuperar la confianza perdida.
Con este plan, el Gobierno asegura que da respuesta a una demanda creciente de la ciudadanía por mayor integridad institucional y que cumplirá “hasta la última coma”, con un sistema de seguimiento evaluado por la OCDE a los 12 y 24 meses. Sin embargo, el debate está servido: ¿se trata de un verdadero punto de inflexión en la lucha contra la corrupción o de un intento por desviar el foco de los casos que han salpicado al propio partido del Ejecutivo? Para saber cómo lo percibe la ciudadanía, te invitamos a participar en nuestra encuesta: ¿Cómo valoras las medidas anunciadas por Sánchez para luchar contra la corrupción?
