La trascendencia y calado político que está generando el ‘caso Montoro’, reabierto en el plano judicial después de 13 años, no sólo está abriendo titulares en la política nacional, sino también en la autonómica. Desde Andalucía, ahora se comienza a valorar si ésta puede ser una cuestión a someter a investigación parlamentaria.
El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, ha anunciado este viernes que el PSOE-A estudiará presentar e impulsar una comisión de investigación para que el Parlamento andaluz pueda “verificar, controlar y estudiar” la documentación relativa a las simplificaciones administrativas de entre 2019 y 2022 para respaldar la labor de los tribunales.
Esta iniciativa viene motivada por un “caso de corrupción de estas dimensiones” por el que se ha situado en el epicentro al exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, y que, en voz de los socialistas andaluces, ha servido “nada más y nada menos que para poner al servicio de los intereses de los que más tienen el Boletín Oficial del Estado”, pero hacen el inciso en que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía “ha sido escrito de puño y letra de la trama Montoro para beneficiar a unos cuantos”.
“Nos tememos que en Andalucía no es que haya una ramificación del caso, nos tememos que hay todo un árbol podrido al que vamos 2 a poner luz y foco para investigar qué es lo que ha ocurrido con ese caso”, ha subrayado en rueda de prensa el portavoz desde Córdoba este viernes.
Asimismo, se ha referido a este caso como un ejemplo de “gravísimo de corrupción” por el cual, describiendo la esencia del mismo, “una agenda de magnates se dedicaba a cambiar leyes previo pago de mordidas millonarias para adaptarlas y beneficiar a colectivos concretos, no al interés general”.
El PSOE-A apunta a “conexiones”
Con este telón de fondo, desde el PSOE-A ya vinieron advirtiendo de estas “conexiones”, señalando así al primer consejero de Hacienda del Gobierno popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, Alberto García Valera, quien fue a su vez alto cargo cercano a Montoro y que es uno de los cargos imputados en la causa judicial.
“Hoy damos un paso más en el establecimiento de esas conexiones, porque nos tememos que en Andalucía, con la presencia de la camarilla de Montoro en el seno del Gobierno de Moreno Bonilla, y no descartamos que con su aquiescencia, con su conocimiento y con su permiso, transportaron a Andalucía ese procedimiento”, ha reiterado.
Jiménez ha subrayado la “casualidad” de que una de las empresas contratadas por la Junta para la realización de auditorías coincide con la compañía en la que recaló Antonio Valera —exconsejero de Hacienda del Gobierno andaluz— tras su salida del Ejecutivo autonómico. “Es la misma empresa donde termina recabando el señor Valera, hoy imputado por el caso Montoro”, ha destacado.
En su intervención, el portavoz socialista ha recordado que los grandes beneficiarios de la política fiscal del PP en Andalucía han sido “los más ricos”, y ha mencionado expresamente a sectores como el del juego y el energético. Esta política de rebajas fiscales ha coincidido, según ha denunciado, con recortes presupuestarios en programas esenciales, como los destinados a combatir la ludopatía o el Plan Andaluz sobre Drogas.
Jiménez ha incidido especialmente en los decretos de simplificación administrativa promovidos por el Gobierno de Moreno Bonilla: “Cuatro de cuatro decretos de simplificación administrativa han tenido como grandes beneficiarios al sector energético, del que se sospecha que haya podido dar mordidas de hasta diez millones de euros para obtener cambios legislativos en el Gobierno de España, pero sospechamos que también en Andalucía”, ha afirmado.
De documentos a agendas de cargos implicados
El dirigente socialista ha anunciado que su grupo exigirá “toda la documentación, todos los informes y todos los contratos de consultoría” vinculados a la elaboración de estas normas fiscales y decretos de simplificación. “No tememos que detrás de ese proceso ha podido estar la mano negra del despacho del señor Montoro”, ha advertido.
Asimismo, solicitarán las agendas de los máximos responsables de las consejerías implicadas —Presidencia, Hacienda e Industria— con el objetivo de esclarecer si hubo implicación directa del entorno de Montoro en la redacción de normas que habrían favorecido a intereses particulares. “Queremos saber si en ese proceso de elaboración la mano negra de Montoro fue quien terminó redactando las normas que han terminado beneficiando tanto al sector del juego como al sector energético, a las grandes empresas energéticas en Andalucía”, ha añadido.
De esta manera, los socialistas andaluceshan apuntado a aquellos que colaboraron con Montoro durante su etapa en el Ministerio de Hacienda: “Queremos saber si esos personajes terminaron cogiendo la pluma y redactando las normas, que claramente no se hicieron por el interés general, sino que se hicieron para beneficiar al interés de unos cuantos del sector del juego o del sector energético”, ha terminado subrayando al respecto.
