Las ramificaciones del denominado ‘caso Montoro’ siguen ganando profundidad en Galicia y, especialmente, en el entorno político del actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La investigación judicial abierta en Tarragona sobre la consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha destapado una tupida red de relaciones entre el bufete y distintas administraciones gobernadas por el PP. Pero en el caso gallego, el foco se dirige con especial intensidad hacia una figura clave del primer Gobierno de Feijóo: la exconselleira de Facenda (Hacienda gallega), Marta Fernández Currás.
El BNG ha redoblado la presión sobre la Xunta al registrar una batería de iniciativas parlamentarias que exigen claridad sobre los contratos firmados con Equipo Económico durante la etapa de Feijóo en la presidencia autonómica. La diputada nacionalista Noa Presas ha subrayado la gravedad de las revelaciones publicadas por El Economista, que sitúan a la Xunta como emisora de un pago de cerca de 172.000 euros a la consultora ahora investigada por cohecho, tráfico de influencias y otros delitos graves.
“Queremos ver todos y cada uno de los contratos firmados, letra a letra”, reiteró Presas, que denunció la falta de transparencia del Gobierno de Alfonso Rueda, actual presidente gallego y sucesor de Feijóo. Según la portavoz de Facenda del BNG, la Xunta ha respondido hasta ahora con “excusas genéricas” y “explicaciones ridículas” al tratar de desvincular a Montoro de los hechos por no haber sido ministro en el momento de algunos pagos. “Montoro no era un desconocido, sino un peso pesado del PP desde los años noventa”, advirtió.
Una de las claves que acerca el caso a Feijóo es la figura de Marta Fernández Currás. La que fuera máxima responsable de las finanzas gallegas entre 2009 y 2011 fue ascendida a secretaria de Estado de Presupuestos cuando Montoro recuperó el Ministerio de Hacienda en el primer Gobierno de Rajoy. Para el BNG, ese movimiento evidencia una línea directa entre el Ejecutivo de Feijóo y el engranaje político-técnico que Montoro habría utilizado para influir en decisiones legislativas a cambio de beneficios económicos.
Presas no duda en vincular esta conexión con uno de los episodios más traumáticos para la economía gallega: la crisis de las cajas de ahorro. Según denuncia el BNG, durante el proceso de reestructuración de Nova Galicia Banco —que incluyó el mayor ERE en la historia empresarial gallega— Equipo Económico elaboró informes técnicos que sirvieron de base para justificar los despidos. “Queremos saber si alguno de los contratos con esta consultora tuvo que ver con la bancarización y la malventa de las cajas”, aseveró la diputada, recordando que el rescate público superó los 9.000 millones de euros, mientras que la entidad fue adjudicada a Banesco por poco más de 1.000 millones.
A esta preocupación se suma la denuncia de que la comisión parlamentaria sobre las cajas está congelada desde 2013 por veto del PP, lo que, según Presas, demuestra que el partido actúa como “cómplice” del expolio financiero. “Hoy cualquier ley económica impulsada por el PP está bajo sospecha de haber sido influida por intereses privados”, afirmó.
La diputada también cargó contra la Xunta por no haber encargado estos informes a personal funcionario o a órganos independientes como el Consello Económico e Social. En su opinión, esta externalización injustificada alimenta el “capitalismo de amiguetes” que define buena parte de las políticas del PP. “Queremos saber qué impacto tuvieron esos informes en la vida económica de Galicia. Se aprobaron normas clave como las de disciplina presupuestaria, regulación eólica o el modelo de financiación autonómica, todas con consecuencias profundas para nuestro país”, apuntó.
La polémica se ve agravada por la percepción de impunidad. Mientras afloran los vínculos entre el bufete de Montoro y gobiernos del PP en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, en Galicia —señala el BNG— se mantiene el silencio institucional. “El Partido Popular está más ocupado de estar en romería con el señor Escotet que de transparentar los contratos con la empresa de Montoro”, ironizó Presas en referencia al propietario de Abanca, el banco que absorbió Nova Galicia tras el rescate.
Con todo, la presión política crece y los tentáculos del caso se extienden más allá del terreno judicial. Las conexiones entre el gabinete de Feijóo y el Ministerio de Montoro, la utilización de recursos públicos para beneficiar a consultoras afines y la falta de controles institucionales convierten a este episodio en un caso paradigmático de puertas giratorias y opacidad gubernamental. Una situación que, lejos de disiparse, empieza a acorralar al propio líder del PP.
