La investigación judicial que mantiene imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos vinculados a una trama de corrupción fiscal ha desatado un conflicto soterrado entre la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdá, ha señalado con contundencia la pasividad de los agentes dirigidos por el teniente coronel Antonio Balas, al que acusa abiertamente de no colaborar, llegando a escribir que “no quieren hacer nada” en un informe elevado a su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón.
A diferencia de la Agencia Tributaria y de los Mossos d’Esquadra, que han mostrado desde el inicio una actitud activa en la investigación, la UCO ha mantenido una postura de resistencia frente a las diligencias propuestas. Así lo hizo constar García Cerdá en un escrito fechado el 21 de junio de 2023, según elDiario.es, donde denuncia que los agentes de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía, bajo las órdenes de Balas, rehusaban colaborar sin explicar sus motivos. Esa falta de cooperación coincidía con una etapa crítica de la causa, cuando comenzaban a aflorar correos electrónicos comprometedores incautados a Hacienda que apuntaban al uso partidista de información confidencial por parte del entorno de Montoro.
Uno de los puntos de mayor fricción fue la petición de la fiscal para volcar el contenido completo del buzón del correo aromero@minhap.es, una dirección no identificable como perteneciente a Montoro, pero utilizada para recibir informes internos sobre contribuyentes, según determinaron los Mossos y la Agencia Tributaria. García Cerdá solicitó abrir una pieza separada para investigar esta vía de comunicación y los posibles delitos asociados, pero Luzón lo impidió. La tensión entre ambos fiscales se ha traducido en que la actuación de García Cerdá esté ahora intervenida y tutelada directamente por el número dos de Anticorrupción, Antonio Romeral.
Desde un comienzo
El caso comenzó en Tarragona en 2017, cuando los Mossos, investigando una ampliación ilegal de una planta gasística, interceptaron mensajes que sugerían una presunta trama de corrupción en el Ministerio de Hacienda, con implicación directa de Montoro y varios de sus altos cargos. Al menos 28 personas están investigadas por delitos que incluyen prevaricación, cohecho y revelación de secretos, vinculados a la contratación por parte de empresas del sector energético de la consultora Equipo Económico, fundada por el propio Montoro en 2006 y dirigida por personas de su entorno.
El juez de Tarragona autorizó escuchas a cuatro miembros del equipo de Montoro, pero las intervenciones apenas duraron veinte días antes de que el fiscal jefe solicitara su anulación, medida que fue finalmente aceptada por la Audiencia Provincial. La investigación dio un giro cuando los Mossos comenzaron a colaborar con la UCO, aunque ese tándem se resquebrajó pronto.
En diciembre de 2022, la fiscal solicitó un informe operativo urgente a la Guardia Civil para justificar registros en sedes y domicilios vinculados a los investigados, pero la respuesta fue negativa. En un documento fechado el 28 de diciembre, la UCO descartó actuar alegando falta de indicios suficientes y tachó de “excesivas” las medidas propuestas por la fiscal, como los registros. Alegaron además que, dado que los Mossos ya habían elaborado un informe, no era necesaria su participación adicional.
Fuentes del cuerpo atribuyen esa negativa a la directriz del propio Alejandro Luzón, contrario a profundizar en la investigación en la línea que deseaba la fiscal. La Guardia Civil, en ese contexto, optó por alinearse con la Fiscalía jefatural y no secundar a García Cerdá. Algunas fuentes añaden que existía desde el inicio una cierta incomodidad en la UCO al participar en una causa donde el protagonismo lo tenían los Mossos d’Esquadra, con quienes las relaciones siguen marcadas por la desconfianza tras el procés.
Informe final
En febrero de 2025, la UCO entregó al juzgado un informe financiero sobre los casi 700.000 euros que Equipo Económico recibió del lobby gasístico. El documento, tras 16 meses de trabajo, no halló irregularidades en el destino del dinero. Sin embargo, el juez decidió levantar el secreto de sumario en junio, manteniendo la condición de investigados para Montoro y sus nueve altos cargos.
Mientras la UCO echaba el freno, los Mossos d’Esquadra alertaban en noviembre de 2022 de que la investigación se encontraba en un punto clave. En su informe advertían de la posible comisión de delitos graves por parte de altos cargos de Hacienda, asesores fiscales y representantes de asociaciones empresariales. Entre los correos intervenidos aparecían menciones a la caja B del PP, datos sobre la situación fiscal de periodistas críticos con Montoro, así como información interna sobre opositores políticos como Rodrigo Rato o dirigentes de Podemos.
El nombre de Antonio Balas, jefe de la UCO en esta causa, ya había aparecido en una grabación donde una supuesta emisaria del PSOE pedía información para desacreditarlo por su papel en investigaciones contra el Gobierno. Actualmente, Balas es también responsable policial de otra causa de corrupción que mantiene en prisión a una figura próxima al PSOE, lo que ha alimentado especulaciones sobre las tensiones políticas subyacentes.
Algunos de los perjudicados por el presunto tráfico de información bajo el mandato de Montoro ya han anunciado que presentarán recurso ante la Audiencia Provincial contra la decisión adoptada por el juez de Tarragona.
