La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra una presunta trama de corrupción en el ámbito de la Administración pública continúa avanzando y suma nuevas diligencias. A primera hora de este viernes, agentes del instituto armado se han personado en la sede de Correos y en distintos organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y Reto Demográfico para recabar documentación relacionada con adjudicaciones de contratos y concesión de subvenciones que se encuentran bajo sospecha de haber sido amañadas.
Según fuentes conocedoras de las pesquisas, los agentes de la UCO han acudido este viernes, entre otros organismos, a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ambos dependientes del Ministerio de Hacienda. El objetivo es obtener información detallada sobre procedimientos de contratación y posibles recursos administrativos que podrían haber sido utilizados para favorecer determinadas adjudicaciones.
El operativo también ha alcanzado a Cofivacasa, una sociedad instrumental participada al cien por cien por la SEPI, cuya actividad está siendo examinada dentro del entramado investigado. Paralelamente, la Guardia Civil está solicitando documentación en varias direcciones generales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ampliando así el perímetro de la investigación a distintos ámbitos de la gestión pública estatal.
Tres arrestos que activan la fase decisiva del caso
Estas actuaciones se producen apenas unos días después de que el pasado martes se practicaran varias detenciones relevantes en el marco de la misma causa, consideradas clave por los investigadores para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Entre los arrestados se encuentra la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, cuya trayectoria política y vínculos orgánicos están siendo analizados por la UCO para determinar su posible papel en el entramado investigado.
Junto a ella fue detenido Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un cargo de alto nivel dentro del sector público empresarial. Su arresto ha puesto el foco en el uso de sociedades dependientes del Estado y en los mecanismos de control interno de la contratación pública, especialmente en aquellas entidades instrumentales utilizadas para la gestión de proyectos y subvenciones.
La tercera detención fue la del empresario vasco Joseba Antxon Alonso, señalado por los investigadores como una figura central en la presunta red y descrito como una persona muy cercana al exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Según fuentes próximas a la investigación, la relación de Alonso con distintos responsables políticos y administrativos habría facilitado el acceso a contratos y ayudas públicas ahora bajo sospecha.
Estas detenciones supusieron un punto de inflexión en la investigación, que desde entonces ha entrado en una fase más técnica y documental. La UCO se encuentra ahora inmersa en el análisis detallado de expedientes administrativos, procedimientos de contratación y resoluciones de subvenciones, con el objetivo de comprobar si existieron irregularidades sistemáticas, trato de favor o alteraciones deliberadas de los procesos legales. Los investigadores tratan de reconstruir la cadena de decisiones que desembocó en las adjudicaciones cuestionadas, así como de identificar posibles responsabilidades tanto en el ámbito político como en el administrativo y empresarial.
