La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto cifras concretas al escándalo que rodea al despacho Equipo Económico (EE), fundado por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. Según un informe incorporado al sumario judicial, este bufete recibió 673.500 euros de empresas del sector gasista, una cantidad que en su mayoría fue transferida directamente a cuentas personales de sus socios y utilizada para cubrir gastos personales, impuestos y otros pagos habituales.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, busca esclarecer los presuntos favores otorgados desde el Ministerio de Hacienda a cambio de los pagos realizados por las gasistas al despacho. Según la UCO, los ingresos procedentes de siete compañías y de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) se canalizaron a través de 29 operaciones financieras entre 2014 y 2019, coincidiendo con el periodo en que el Gobierno del PP aprobó reformas legislativas que beneficiaron fiscalmente al sector.
La Guardia Civil aclara que, aunque no todos los fondos pueden ser rastreados hasta los socios de EE, una “proporción sustancial” terminó directamente en sus manos, destinándose a fines personales. La operativa, además, no se limitaría a las gasistas: los agentes destacan que este método de desvío de ingresos también se repetía con pagos procedentes de otros sectores empresariales que contrataban al despacho.
Este nuevo informe, fechado en febrero de 2025 y conocido este lunes, refuerza la sospecha de que Equipo Económico funcionaba como un canal de influencia privilegiado entre empresas privadas y el Gobierno del PP. Un correo electrónico incluido en la causa, enviado en diciembre de 2013 por un alto cargo de una empresa gasista, afirmaba que “la vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, lo que hace pensar a los investigadores que esta práctica era habitual y conocida dentro del sector.
Gastos personales
La Fiscalía Anticorrupción, tras conocer el contenido del informe de la UCO, solicitó al juez instructor nuevos requerimientos a entidades bancarias para conocer posibles movimientos hacia o desde el extranjero vinculados al despacho. Sin embargo, el magistrado Rubén Rus rechazó por ahora la petición al considerar que ya se cuenta con la información suficiente en los anexos del informe policial, aunque ha pedido tanto a los Mossos d’Esquadra como a la Guardia Civil que evalúen si es necesario recabar más datos para completar la investigación.
El informe ha analizado 516 productos bancarios vinculados a ocho socios de EE y a 18 sociedades relacionadas, y reduce a 673.500 euros el total recibido, rebajando así la cifra de un informe previo que la situaba en torno a 780.000 euros. Los pagos habrían comenzado en enero de 2014, tras las supuestas gestiones que, según los indicios, realizó el despacho para lograr cambios legislativos que beneficiaron fiscalmente a las gasistas.
Las contrataciones del despacho se formalizaban con facturas que incluían IVA, y en el caso del periodo 2017-2019, fue la propia AFGIM la que asumió los pagos en nombre del sector.
Equipo Económico, fundado en 2006, ha estado rodeado de sospechas desde sus inicios por su supuesta capacidad de influencia en Hacienda y la Agencia Tributaria gracias a los vínculos de sus miembros con altos cargos del PP. Aunque ha sido objeto de varias investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, hasta ahora ninguna había prosperado. El despacho siempre ha defendido la legalidad de su actividad.
Sin embargo, esta vez la situación es distinta. El juez Rubén Rus ha imputado formalmente a 28 personas, entre ellas al propio Cristóbal Montoro, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
