Los tentáculos del ‘caso Montoro’ sacudieron este mismo viernes al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP contrató en sus inicios al frente de la Xunta de Galicia a Equipo Económico, bufete desde el que el exministro de Hacienda y protagonista de la causa tejió una red de intercambios legislativos a cambio de beneficios económicos.
Esta información, que reside en el informe de la Agencia Tributaria recogido en el sumario, provocó la rápida respuesta del PSOE, quien demandó al presidente de los populares explicaciones certeras y transparentes, y también del BNG, quien este mismo lunes, a través de una rueda de prensa ofrecida por su diputada Noa Presas, anunciaba una batería de iniciativas que “la Xunta explique su relación con la trama”.
Presas, didáctica, arrancaba su rueda de prensa contextualizando la gravedad de la trama de corrupción presuntamente tejida por Cristóbal Montoro durante su segunda etapa al frente del Ministerio de Hacienda bajo el gobierno de Mariano Rajoy: “Recordemos que está siendo investigado por crear red de influencias que impulsaba modificaciones legales a cambio de intereses económicos. Además de a Montoro, este juzgado investiga a otras 27 personas y seis empresas por cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental”, arrancaba.
Un breve repaso que posteriormente sería aterrizado por la diputada por Ourense, encargada de vincular el grueso de la información con su red gallega. “En este contexto, en los últimos días trascendía que en un informe incorporado a la causa se hablaba de un pago de 172.000 euros efectuado presuntamente por la Xunta. Por ello, pedimos la remisión y la copia de toda esta información para poder examinarla letra a letra. Queremos saber las fechas, las cuantías y los responsables de encargar ese tipo de contratos con los amigos de Montoro”, proseguía.
Una reclamación de información, transparente y responsable, que desde el BNG consideran que no ha tenido lugar durante este fin de semana y después de que el informe de la Agencia Tributaria señalase los pagos de la Xunta entre 2008 y 2011 a Equipo Económico. “En todo momento, las explicaciones de la Xunta que hemos visto han sido insuficientes y ridículas. Quiero recordar que Montoro está vinculado al PP desde los años 90, que nunca fue un desconocido y que ha tenido una prolífica trayectoria dentro del PP”, proseguía la diputada autonómica, despejando así cualquier atisbo de satisfacción de la formación nacionalista con las evasivas explicaciones concedidas por la Xunta de Galicia tras la filtración de la comprometedora información.
“Queremos saber qué informes facilitó Equipo Económico y qué incluían. Hablamos de dinero público, por lo que pedimos transparencia absoluta. Todas las leyes impulsadas por el PP están bajo sospecha”, añadía Presas, que, además, sentenciaba con las “múltiples conexiones entre el Gobierno de Feijóo y el Ministerio de Montoro”. “Son múltiples las conexiones entre el gobierno de Feijóo y el ministerio de Montoro. Hay que recordar que la exconsejera de Hacienda Marta Fernández Currás fue colocada como secretaria de Estado de Presupuestos de Montoro después de que Feijóo no pudiese soportar la presión tras su fracaso con las cajas de ahorro de Galicia”, sentenciaba la diputada por Ourense.
De Feijóo a Ayuso, Moreno Bonilla o Mazón...
El líder del PP no es el único señalado por contratar los servicios del bufete que centralizaba los intercambios estudio de investigación por corrupción. De hecho, el propio PP, a nivel nacional, pagó por informes de Equipo Económico, lo que hace deducir que se trataba de un modus operandi habitual, conocido e incluso estructural.
Las delegaciones autonómicas también se han visto afectadas por sus contrataciones con Equipo Económico. También por el paso de personas vinculadas al ‘engranaje Montoro’ por sus equipos de Gobierno. Uno de los casos más sangrantes es el de la Comunidad de Madrid, quien, a través de Madrid Network, chiringuito que sirvió de cantera a dirigentes como la propia Isabel Díaz Ayuso, se aprovechó de su opacidad habitual para conceder cerca de dos millones de euros al bufete que centraliza la causa.
De hecho, estas contrataciones han llevado al PSOE de Madrid a reclamar que la Cámara de Cuentes audite y fiscalice todas las operaciones entre el Gobierno de Ayuso y Madrid Network, entidad todavía operativa en la que la presidenta regional cobraba más de 4.000 euros al mes antes de hacerse con un hueco como diputada en la Asamblea de Madrid.
Pero la oposición no solo se está esforzando en Madrid por conocer los detalles de la red Montoro con las administraciones autonómicas. Andalucía o la Comunidad Valenciana son dos ejemplos más. En el caso del Gobierno de Moreno Bonilla, el PSOE andaluz reprocha al barón autonómico la utilización de varios “chicos de Montoro” en sus equipos, tales como Alberto García Valera o Juan Bravo.
En el caso de la Comunidad Valenciana, con Carlos Mazón al frente, las críticas no van tanto de nombres sino de políticas. Y es que tanto el socialismo valenciano como Compromís acusan al president de seguir la doctrina Montoro en sus gestiones, concediendo cantidades millonarias y leyes a la carta a empresas nucleares o casas de apuestas, como hiciera el otrora ministro de Hacienda.
