La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha encendido este miércoles las alarmas sobre una presunta trama de sobresueldos y favoritismos dentro del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo ha hecho vinculando directamente a algunos de los cargos del Ejecutivo andaluz con Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, actualmente investigado en un caso de presunta corrupción.
En una comparecencia ante los medios, Férriz no se ha andado con rodeos y ha calificado como “los chicos de Montoro” a varios responsables de la Consejería de Hacienda designados por Moreno. Un círculo, según ha sugerido, marcado por vínculos personales y políticos más que por la meritocracia, y cuyas decisiones han derivado en sobresueldos cuya legalidad está en entredicho.
La diputada socialista ha recordado que Juanma Moreno no ha ocultado nunca su estrecha relación con Montoro, a quien ha llegado a considerar “un amigo, un gurú, un faro y un referente”. Esa afinidad habría derivado, a juicio de Férriz, en recomendaciones de cargos que no han estado exentas de polémica.
El primero de esos “recomendados” sería Alberto García Valera, nombrado consejero de Hacienda por Moreno tras haber sido director general en el Ministerio de Hacienda con Montoro. García Valera duró en el cargo solo 20 días, alegando problemas de salud para dimitir. Sin embargo, según Férriz, su paso fue suficiente para dejar una estela inquietante: “Se dedicó a presionar a altos cargos de la Consejería, muchos de ellos de la etapa socialista, para que firmaran un informe que le autorizara a cobrar un sobresueldo”.
Un sobresueldo que, según explica la diputada, no le correspondía legalmente, ya que esta compensación solo se aplica a funcionarios que cobraban más en su anterior puesto en la administración. García Valera, sin embargo, procedía de la empresa privada.
El relevo de Juan Bravo y las puertas que se abren
Tras la dimisión de García Valera, Moreno nombró a Juan Bravo como su sustituto. Otro estrecho colaborador de Montoro, esta vez con escaño previo en el Congreso por Ceuta, y sin experiencia previa como funcionario andaluz. Pese a ello, Bravo sí logró el sobresueldo que se había denegado a su predecesor.
¿Cómo lo consiguió? Según Ángeles Férriz, cambió a los funcionarios responsables de autorizar la solicitud, lo que facilitó el trámite. Fue Alejandro Torres Ridruejo quien firmó el informe que permitió a Bravo percibir un plus salarial de 60.000 euros por encima del sueldo oficial que aparecía publicado por la Junta de Andalucía, tal y como recogieron diversos medios en su momento.
La cadena de favores no termina ahí. Férriz asegura que, ya desde su nuevo cargo, Bravo acabó autorizando el sobresueldo para García Valera, el mismo que había sido rechazado por los técnicos de la Junta semanas antes. El movimiento cerraba así un círculo de favores cruzados entre cargos vinculados al exministro Montoro y protegidos, directa o indirectamente, por Moreno Bonilla.
Como remate, Ángeles Férriz ha denunciado que Alejandro Torres Ridruejo, el funcionario que firmó el sobresueldo de Bravo, fue premiado con un puesto de alta responsabilidad en la administración andaluza. En concreto, fue nombrado director general de una nueva área creada ad hoc: la Dirección General de Contratación Pública. Una figura que, según la parlamentaria, no existía anteriormente.
“Pueden parecer casualidades, pero cuando ves que el modus operandi de Moreno es controlar todos los peones del tablero de ajedrez, aquí ya nada es casual”, ha sentenciado Férriz, dejando entrever una estrategia de colocación de afines y recompensas internas dentro del Gobierno andaluz.
Silencio en las filas populares
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la vinculación directa con un caso de presunta corrupción de alcance estatal, el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno no ha ofrecido, hasta el momento, ninguna respuesta pública sobre el asunto. Tampoco ha habido pronunciamientos desde la dirección nacional del PP, a pesar de que la figura de Montoro ha vuelto a ser foco de atención mediática y judicial.
Lo que para el PSOE-A configura una red de favores, sobresueldos y 'amiguismo' institucionalizado, desde el entorno del PP andaluz se observa con un mutismo que no ha pasado desapercibido. Mientras la Justicia avanza en la investigación a Cristóbal Montoro, los tentáculos del escándalo parecen alcanzar ya a la administración andaluza. Una administración que, en teoría, había hecho bandera de la regeneración. Pero los nombres y los hechos que salen a la luz invitan a preguntarse si el cambio de siglas ha supuesto un cambio real de prácticas.
