La investigación de los Mossos d’Esquadra y el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona sobre la presunta trama de corrupción sistémica montada por el que fuera ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, encuentra en las compañías gasistas y las operadoras de juego a las principales corruptoras beneficiarias. A cambio de elevados pagos al despacho Equipo Económico, fundado por el propio ministro, el Ejecutivo habría favorecido a grandes empresas con modificaciones de leyes que, según los informes a los que ha tenido acceso ElPlural.com, habrían ahorrado millones de euros a múltiples empresas.
En el caso de las gasistas, que incurrieron en estas supuestas prácticas fraudulentas a través de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), el ahorro por la reforma de dos tributos podría ascender hasta los 51 millones de euros, según los investigadores. Air Liquide, Carburos Metálicos, Messer, Abelló Linde y Praxair son las cinco empresas señaladas y habrían pagado 270.000 euros al despacho fundado por Montoro por un informe de apenas 12 páginas; sin embargo, los Mossos tienen claro que el pago se produjo por la “influencia” que posteriormente se materializaría.
Esta primera acción se remonta al año 2013, con la reducción del 85% de la base liquidable del impuesto sobre la electricidad contemplada para ciertos sectores. Las gasistas estaban excluidas de este grupo, tal y como les trasladó el propio Ministerio y la Agencia Tributaria (AEAT) tras su petición, pero tras pasar por Equipo Económico la cosa cambió. En 2014 se acometió la reforma, en 2015 entró en vigor y las compañías implicadas, siempre según la extrapolación realizada por la investigación, se ahorraron 41 millones de euros.
Sin embargo, visto cuáles eran los cauces a seguir y la efectividad de hacer escala en el despacho, el tándem de las gasistas y Montoro no se detuvo ahí. El siguiente movimiento se produjo en 2018, poco antes de que el Gobierno de Rajoy cayese por otros casos de corrupción. El impuesto afectado en esta ocasión fue el relativo a actividades económicas (IAE). La patronal AFGIM volvió a acudir a Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda hizo lo propio, como sucediera años antes.
Otros 10,5 millones de euros perdonados
De la modificación del tributo, contraria a los técnicos, derivó, según el informe, en un ahorro de casi 440.000 euros anuales por empresa. "Según los mismos cálculos internos de las empresas, una sola de las gasistas investigadas, Carburos Metálicos, sufriría un ahorro anual de 438.276,50 euros”, recoge el sumario como ejemplo. En suma, la Administración habría dejado de percibir 2,1 millones de euros anuales que se habrían ahorrado las presuntas corruptoras, de lo que deriva un total de 10,5 millones de euros ahorrados en los últimos cinco años por parte de las grandes compañías, y en detrimento de las arcas comunes.
“En la elaboración del anteproyecto investigado, se observaría la presunta existencia de decisiones, omisiones de información, eventuales contradicciones, la cesión a intereses privados de las decisiones y potestades que materialmente resultarían ejercidas por los beneficiarios de la reforma”, expone el informe. Más allá de la omisión de los criterios técnicos y el claro trato de favor, los investigadores también denuncian “la ausencia de transparencia” y el perjuicio a los Ayuntamientos Comunidades Autónomas, quienes se benefician de la recaudación del gravamen. Todo ello gracias al despacho de Montoro.
Así lo apunta el sumario, que indica que “los beneficios fiscales investigados parece que no habrían sido adoptados de no existir un factor externo decisivo y ajeno al criterio técnico”. En esta ocasión, a diferencia de en 2014, ni siquiera existió disimulo con la emisión de un informe pantalla. Así, la participación del despacho queda constatada “sin localizar estudio, dictamen o trabajo técnico que demostrara la existencia de un valor añadido asociado al desempeño remunerado”, siendo una vez más “unos exiguos contactos con los órganos del Ministerio de Hacienda competentes para el establecimiento en el texto del anteproyecto del beneficio fiscal investigado” el motivo de su contratación, según el inspector fiscal que realizó la investigación.
