Según los 17 tomos del sumario instruido por el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, los Mossos d’Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que actúan como policías judiciales en la causa, sostienen que las empresas Equipo Económico, fundada por Cristóbal Montoro en 2008, y su sucesora ‘Global Afteli’, creada tras el inicio de las primeras investigaciones en 2015, se dedicaban a una actividad ilícita.
Los investigadores afirman que ambas empresas eran, en realidad, una simple "vía de canalización y distribución del cobro de comisiones", generadas gracias a la "influencia" que se ejercía desde el Gobierno para lograr “modificaciones legislativas” que resultaran "favorables a los intereses" de los sectores empresariales a los que ofrecían sus servicios. Según el informe policial, estos servicios eran presentados formalmente como asesoría fiscal, aunque en realidad "contractualmente se les habría dado una apariencia" legal para ocultar su verdadera naturaleza.
Los investigadores concluyen que ambas compañías eran instrumentos para cobrar comisiones a cambio de reformas legales hechas a medida de sus clientes. La UCO y los Mossos cifran el volumen de negocio generado por esta trama entre 2008 y 2017 en 47.981.629,9 euros de beneficio neto. Entre las empresas que habrían pagado por estos servicios se encuentran gasistas, constructoras, compañías eléctricas, de renovables o papeleras, firmas del sector del juego, consultoras y fundaciones público-privadas.
Beneficios en crisis
Además, el informe documenta que distintas administraciones públicas también estaban implicadas en los pagos realizados a cambio de supuestos servicios de asesoramiento entre 2008 y 2011. Durante este periodo, pese a tratarse de un gobierno socialista, los investigadores destacan que los pagos más relevantes proceden de instituciones controladas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, la Diputación de Lugo o los ayuntamientos de Alcobendas y Tres Cantos además de la contratación a Equipo Económico en 2010 y 2011 del propio Partido Popular.
Aunque la actividad de ‘Equipo Económico’ comenzó cuando el PP aún estaba en la oposición, fue con la llegada de Mariano Rajoy al poder y el nombramiento de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda cuando la firma obtuvo sus mayores beneficios. En 2012, en plena crisis económica, la empresa registró ingresos superiores a 6,7 millones de euros, y en los años siguientes, ya bajo el gobierno del PP de Mariano Rajoy, las ganancias no bajaron de los 5,6 millones anuales.
Ese periodo coincide con las presuntas maniobras de altos cargos del Ministerio de Hacienda, nueve de los cuales también están siendo investigados por participar en modificaciones legislativas orientadas a beneficiar a los clientes del despacho, previo pago de comisiones encubiertas.
Gran parte del beneficio neto, cercano a los 48 millones de euros, fue canalizado a través de 16 empresas instrumentales creadas por los socios del despacho. Estas sociedades, según la investigación, "no contaban con personal, actividad ni domicilio conocido", y fueron utilizadas para desviar los fondos hacia inversiones inmobiliarias o enviarlos a países como Luxemburgo, Irlanda, Italia o Polonia, entre otros.
