Este pasado miércoles el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona imputaba al exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro por presuntamente liderar una “organización” para traficar con leyes a cambio de beneficios económicos y favorecer a las empresas clientes de Equipo Económico, el despacho que creó el exministro antes de entrar al Gobierno de Mariano Rajoy.
Tras ello, en el plano judicial figuran ahora varias investigaciones abiertas con Montoro como epicentro y con figuras de su entorno. Una de las más recientes estrecha el cerco sobre los cambios en leyes que efectuó el exministro con el fin de beneficiar a las empresas. En este sentido, según se desprende del auto del juez la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) modificó el criterio del equipo de Hacienda tras la contratación de Equipo Económico.
Al hilo de esto último, por una parte se procedió a la modificación del reglamento de los impuestos especiales con el objeto último de que las empresas productoras de gases industriales y medicinales se pudieran beneficiar de una bonificación en el Impuesto Especial Eléctrico. Esto mismo fue solicitado con anterioridad durante 2013 por parte de varias patronales energéticas y en 2014, tras la contratación del despacho de Montoro, el equipo del Ministerio optó por la modificación.
En otro orden de cosas, en 2017 el objetivo cambió de foco, buscando en esa ocasión pagar menos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Hasta ese momento, se trataba de un gravamen que se abona a los ayuntamientos que aplicaban criterios diferentes a la hora de cobrarlo. Sin embargo, la asociación que agrupa a estas empresas propuso un criterio homogéneo en toda España con el fin de pagar menos y, a raíz de la intervención de Equipo Económico, logró modificar el reglamento del IAE en los presupuestos generales de 2018.
La imputación de Montoro y otros 28 cargos
El levantamiento del secreto de sumario este miércoles daba a conocer que Cristóbal Montoro, junto a su equipo en el Ministerio de Hacienda, lideraron una “organización” para modificar aprobaciones legislativas a cambio de beneficios económicos, séase, una “red de influencias cuyo fin último sería la obtención de lucro económico”.
En la causa figuran hasta 28 personas físicas y otras seis jurídicas. En el primer grupo, rezan los siguientes nombres principales: su secretario de Estado, Miguel Ferré; exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero; exdirector general de tributos, Diego Martín-Abril; José Alberto García, sucesor de éste; Óscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También, por parte de Equipo Económico (EE), figuran Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.
En cuanto a las personas jurídicas, figuran en el auto judicial Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM. El magistrado titular señaló en su auto que desde Equipo Económico (EE) se cobraron 779.905 euros entre 2011 y 2018, coincidiendo con la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa.
