Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Función Pública en los gobierno del Partido Popular, continúa bajo la lupa judicial, ahora, en calidad de imputado. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha procesado también a su anterior equipo por haber liderado una “organización” para traficar con leyes a cambio de beneficios económicos, según ha adelantado este miércoles La Vanguardia.
En total, suman 28 las personas físicas imputadas y otras seis personas jurídicas que habrían cometido siete presuntos delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
La investigación llevada a cabo por el juez, que ha decretado el levantamiento del secreto y da comunicación a los afectados de este nuevo frente judicial, resuelve en el auto que “la investigación pone de manifiesto la existencia de una organización” donde estas personalidades “habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de lucro económico”, según recoge el medio citado en anteriores líneas.
En el auto, rezan los siguientes nombres que fueron miembros del equipo de Montoro en el Ministerio de Hacienda: su secretario de Estado, Miguel Ferré; exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero; exdirector general de tributos, Diego Martín-Abril; José Alberto García, sucesor de éste; Óscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También, por parte de Equipo Económico (EE), figuran Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.
Además de estas personas físicas, en cuanto a las personas jurídicas, figuran en el auto judicial Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.
Los cobros en EE en la época de Montoro
Y es que la investigación judicial pone el foco en que la mecánica de las mencionadas empresas buscaba una reforma legislativa para el interés particular debían pasar el filtro de EE, pero, por medio de “importantes pagos” y “un presunto abuso del ejercicio de la función pública”, lograban al final la modificación deseada.
En este sentido, el juez instructor señala en este nuevo auto que EE cobró 779.705 euros entre 2011 y 2019, durante la mayor parte del mandato de Mariano Rajoy en Moncloa. Una conclusión a la que se ha llegado tras haber analizado los correos electrónicos internos e intervenidos en la causa judicial, por el que se refleja que las empresas, especialmente la mencionada gasista, logró las reformas legislativas tras “acudir a la organización” orquestada por el equipo de Montoro.
Cabe recordar que la investigación lleva abierta desde 2018 y que comenzó de forma paralela después de encontrarse un correo electrónico en el que se reflejaba la existencia de presuntos pagos a EE para obtener modificaciones y reformas legislativas favorables a empresas gasísticas comprendidas dentro de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
Así las cosas, el modus operandi de EE prestando estos favores a las compañías gasistas consistía en que éstas acudían para ampararse en “su red de influencias” con el fin de acometer estas reformas de las leyes en sintonía con sus intereses.
No obstante, el juez titular apunta como principal artífice de esta “organización” al exministro de Hacienda, fundador de EE y quien habría operado desde abril de 2008 con estos movimientos, “ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas de dicha tramitación” y logrando así, “presuntamente, una ganancia al despacho EE”: “El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a las sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, reza el auto.
En cuanto al resto de los señalados, el magistrado sostiene que eran cargos “estrechamente vinculados al despacho EE”, lo que dio pie a “asegurar y tramitar” los anteproyectos de ley, así como “el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación” de normas concretas.
