A comienzos de esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunía con su presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, para sentar las bases de un proyecto de financiación singular para Cataluña, algo que más adelante proponía como una opción al resto de comunidades autónomas, quitando la exclusividad a la región del noreste. Pero como en todo movimiento que se hace en la política española, las voces críticas han salido de todas partes, esta vez no solo de la derecha, sino de dentro del propio partido.
Como no podía ser de otra manera, los primeros que se han pronunciado contra esta medida han sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder independentista de Junts, Carles Puigdemont, aunque en tonos bastante contrapuestos. Mientras que la lideresa madrileña percibe en este proyecto de financiación singular una “carta blanca para el próximo golpe de Estado”, el juntaire ha sentido la medida bastante floja y ha acusado tanto al Ejecutivo central como al catalán de diluir la propuesta en lo que ha denominado un “café para todos” después de que Sánchez haya propuesto extender esta medida al resto de las autonomías.
Desde el comienzo del primer Gobierno de Pedro Sánchez hace ya siete años, uno de los logros más relevantes ha sido la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, después de los tensos roces que se vivieron con la región durante el Gobierno de Mariano Rajoy que culminaron con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Pues esta paz firmada entre la autonomía y el resto de la Península desde que Sánchez está al frente del Ejecutivo no contenta a todos, por un lado, están los que consideran que se hacen demasiadas cesiones para contentar a los independentistas y por el otro, los propios independentistas que consideran que cualquier avance es poco.
Pero un factor común tienen estas críticas contra el proyecto de financiación: la derecha. Tanto el Partido Popular como Junts per Catalunya ven un escándalo en cada decisión que se toma desde la Moncloa que algo tiene que ver con autonomía presidida por el socialista Illa. “Fingir que existe tal cosa como una Hacienda catalana y darles carta para el próximo golpe de Estado al tiempo que se limita la legítima autonomía fiscal de Madrid. Se prohíben políticas legítimas por totalitarismo ideológico, pero se legítima la secesión”, decía la presidenta madrileña este martes en la clausura de la Asamblea General del CEIM.
Unas palabras cargadas de alarmismo que han sido muy diferentes a lo que se ha percibido dentro de la derecha independentista catalana. “Cuando en un lado de la mesa se sienta Salvador Illa y en el otro el PSOE, quien pierde es Catalunya”, lamentaba Toni Castellà, vicepresidente de Junts, acompañando de esta manera las palabras de su líder, quien calificó la reunión como “muy decepcionante”. Si bien para Ayuso la reunión ha sido un completo fracasó que abre la vía a los catalanes para un “golpe de Estado”, los juntaires se lamentan de que la medida no venga acompañada de un intento de autonomía real. Mientras la derecha se llena la boca con alarmismo por un lado e indiferencia por le otro, el PSOE encabeza un proyecto político en Cataluña con el fin de permitir a todas las comunidades una mayor autonomía fiscal.
Voces críticas dentro del PSOE
No solo en la derecha el proyecto de financiación singular para Cataluña ha encontrado detractores. Dentro del propio partido Socialista, algunos dirigentes han mostrado su rechazo al acuerdo entre Sánchez e Illa. Los más críticos han sido el presidente manchego, Emiliano García-Page, y el presidente de Asturias, Adrián Barbón.
“Si en vez de plantear Cataluña lo que este lunes se aborda en la reunión bilateral entre le Gobierno y la Generalitat sobre la financiación singular de Cataluña lo hubiera planteado Madrid, los mismo que están reunidos estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe con la igualdad de opiniones”, ha defendido García-Page.
Por su parte, el presidente asturiano también ha mostrado un rechazo rotundo al pacto bilateral entre ejecutivos y ha alertado de que, en palabras del consejero de Hacienda del principado, “la financiación no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad autónoma con el Estado en forma de ‘lo tomas o lo dejas’ para el resto de las comunidades”.
