El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido este miércoles de las consecuencias sociales que puede acarrear una mala gestión del reparto de menores migrantes no acompañados, alertando de que ya se están viendo movimientos de rechazo y xenofobia en lugares como Torre Pacheco.
Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, desde Ciudad Real, tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Comunidades contra el real decreto ley del Gobierno central que establece medidas urgentes para el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.
García Torijano ha reclamado que la acogida de estos menores se realice con garantías, de forma planificada, dialogada y con financiación suficiente, y ha alertado de que lo contrario puede generar rechazo social y tensiones en el territorio. Como ejemplo de lo que considera un problema emergente, ha señalado que "no hace falta irse muy lejos", en referencia a lo que está ocurriendo en la vecina Región de Murcia, donde se están dando "movimientos de xenofobia y racismo" y "se está cultivando un caldo de cultivo preocupante".
Según ha explicado, Castilla-La Mancha quiere contribuir a la solución de esta crisis migratoria, especialmente para aliviar la situación en Canarias, pero ha recalcado que no puede hacerse sin financiación añadida ni poniendo en riesgo los sistemas autonómicos de protección. "Queremos aportar, pero tiene que ser con recursos", ha insistido.
El sistema de protección de Castilla-La Mancha, al límite
En este sentido, ha recordado que el sistema de protección de Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 560 plazas y está al 98% de ocupación, lo que hace inviable, ha dicho, acoger a los 320 menores que corresponderían según el reparto estatal, máxime cuando la financiación prevista incluye un recorte del 80% respecto a años anteriores.
García Torijano ha detallado que en 2024 se acogieron 174 menores en la región, muchos de ellos procedentes de otras comunidades o llegados por vías diferentes al sistema de reparto. Ha subrayado que, si bien Castilla-La Mancha ya viene asumiendo su parte, no puede hacerlo "por las bravas" ni en los plazos ni condiciones que propone el Gobierno.
La consejera ha denunciado también que el decreto fue aprobado sin diálogo con las comunidades autónomas y ha recordado que Castilla-La Mancha presentó en febrero una propuesta propia para acoger menores, con un plan que contemplaba no solo el acogimiento hasta la mayoría de edad, sino también medidas para su vida autónoma posterior. Según ha señalado, el Ministerio no ha dado respuesta ni ha convocado una reunión para tratar esa propuesta.
Espera que el Gobierno escuche las propuestas de Castilla-La Mancha
De cara a la conferencia sectorial que se celebrará este jueves, ha mostrado su esperanza en que el Gobierno escuche las demandas de las comunidades. "Las respuestas que se den a la infancia tienen que ser con garantías", ha subrayado, reclamando un compromiso firme por parte del Ejecutivo central.
García Torijano ha concluido asegurando que Castilla-La Mancha está dispuesta a seguir ayudando y a colaborar en la acogida, pero siempre que eso no suponga dañar el sistema de protección existente, y que se garantice que todos los niños y niñas sean atendidos "con las mismas condiciones y garantías" que los ya tutelados por la Junta.
