El Gobierno de Castilla-La Mancha recurre ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes que supondría la llegada de más de 500 niños menores a la región.
El ejecutivo regional se escuda en la falta de financiación para poder ofrecer unos servicios mínimos adecuados para estos niños, en la falta de acuerdo con las Comunidades Autónomas y en que no hay consenso entre las distintas sectoriales de infancia.
El Gobierno de Page se une así a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular al interponer un recurso ante el último decreto ley relativo al reparto de menores que aprobó el Consejo de ministros.
“Recurrimos porque no podemos asumirlo sin financiación, ya que no tenemos recursos para hacerlo y asumirlo sería atenderlos mal”
Ese es el principal argumento que defendía la consejera portavoz, Esther Padilla, mientras anunciaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha interpone el recurso. La financiación autonómica es un tema muy importante para el Gobierno de Page que ha pedido en repetidas ocasiones que se modifique. La última de ellas, en la Conferencia de presidentes del pasado 6 de junio, donde tras ser incluido en el orden del día en los últimos momentos, finalmente no se llegó a un acuerdo para su renovación.
Esa falta de financiación hay que sumarla a que el reparto de menores inmigrantes no ha sido consensuado con las Comunidades Autónomas, lo que ya ha hecho que los gobiernos regionales del PP lo rechacen y por último, sea el de Castilla-La Mancha el que se opone a la llegada de los más de 500 niños que les correspondía.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha insisten en que se trata de un problema de financiación, pero no de solidaridad: “La solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas, pero acoger no es solo abrir la puerta, es acoger con dignidad, y la situación que plantea el decreto impide a las Comunidades Autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad que ya lo estamos haciendo”, apuntaba Padilla.
El coste que conllevaría la atención de dichos menores inmigrantes sería de 26 millones de euros, una cifra demasiado elevada para el Gobierno de Page que reitera se posiciona en favor de la solidaridad: “Recurrimos este decreto porque Castilla La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a los menores que el Gobierno unilateralmente ha decidido que tienen que venir a Castilla La Mancha”.
Esa falta de consenso es otro de los puntos clave para el recurso ante el Tribunal Constitucional, decía Padilla: “Este decreto viene, además, sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores”, justificando así el rechazo al reparto ya que, por otro lado, el decreto ley pide garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia y para ello precisan de financiación.
Si hubieran puesto la financiación necesaria para atender a los niños y niñas en condiciones dignas, no estaríamos en este punto de recurrir
La decisión ha sido tomada en Consejo de Gobierno y tras haber acudido al Consejo Consultivo, que ha derivado en que el ejecutivo autonómico considere que se vulneran principios como el de competencias, solidaridad y lealtad institucional. También consideran que no se puede derivar a las Comunidades Autónomas un problema europeo y nacional. El Consejo Consultivo también apunta que no está justificado el reparto de los menores inmigrantes mediante un decreto ley de urgencia antes que una ley orgánica.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que este decreto ley supone un perjuicio para los 1.200 niños que ya tutela la Junta de Comunidades, 550 junto a familias y 560 en plazas de sistemas de acogida: "Si Castilla-La Mancha dice sin más sí a ese decreto y empiezan a venir niños y niñas ¿dónde los metemos?, porque los recursos nuestros están al 96,5%”, puntualizaba Padilla, mientras rechazaba otras fórmulas anteriormente planteadas como posibles hangares donde se les alojara.
