La Generalitat Valenciana pasará a contar con unos presupuestos para el próximo ejercicio económico. El acuerdo que en su día alcanzaron PP y Vox para investir a Juan Francisco Pérez Llórca como presidente tras la dimisión de Mazón supuso el regreso de los de Abascal al Consell, así como un clima menos hostil para los populares a la hora de aprobar iniciativas en Les Corts, propiciando que las cuentas públicas, de vital importancia para cualquier Ejecutivo, hayan podido obtener el apoyo necesario finalmente.
El pacto alcanzado no solo supuso que el Partido Popular aceptara una serie de puntos notablemente polémicos que Vox le exigía acatar para otorgarle su apoyo, sino que también propició que los de Abascal pasaran a tener poder en el Ejecutivo al hacerse con la vicepresidencia primera y consejerías de Justicia e Interior y Cultura, Educación y Universidades.
La notable fuerza que Vox ha obtenido en la Generalitat Valenciana, disponiendo de una posición podría decirse, incluso, dominante ante la amenaza constante de la retirada del apoyo al PP, está haciendo que los de Abascal puedan impulsar progresivamente muchos de los proyectos, algunas de ellos especialmente controvertidos, que pretenden poner en marcha y ensalzan en su discurso político. Tal es así que se evidencia en hechos como que en estos mismos presupuestos aprobados para el 2027, los populares hayan admitido la mayoría de sus propuestas.
Ahora bien, esta buena predisposición que Pérez Llorca ha mostrado con Vox para diseñar cómo se repartirán las partidas económicas de estas cuentas públicas preparadas para el próximo ejercicio choca, de manera llamativa, con el nulo caso que ha hecho a la oposición. Según recriminan desde el PSPV-PSOE, la publicidad que se hace del presidente de esta comunidad autónoma, que se expone como un agente político moderado y abierto al diálogo, no hace justicia a la realidad. Los socialistas cargan contra el líder de la Generalitat Valenciana, a quien reprochan no hacer si quiera un mínimo esfuerzo por propiciar cualquier posible negociación.
Estas críticas llegan después de que PP y Vox hayan tumbado todas las enmiendas o propuestas realizadas por la oposición en Les Corts a los presupuestos. Un total de 4.057 presentaron los socialistas y hasta 1.008 se impulsaron desde Compromís, sumando de manera conjunta 5.067. Ninguna de ellas ha sido admitida por los miembros del Ejecutivo valenciano, que han tumbado cada una en la votación realizada.
Para los miembros del PSPV-PSOE, esta situación, más allá de por no hallar precedentes en los que nunca se haya admitido una sola enmienda a los presupuestos, resulta especialmente llamativa por lo que definen como un "entreguismo" a Vox que, según afirman, se evidencia en que antes, del acuerdo de Gobierno alcanzado por ambos partido, hubo varias ocasiones en las que fue posible negociar y pactar determinados asuntos con el PP. Una opción que, según subrayan, ha desaparecido desde el regreso de los de Abascal al Consell.
Sobre todo, los socialistas se muestran especialmente críticos con esta postura de los miembros del Ejecutivo valenciano por haber rechazado enmiendas que, según entienden, deberían tenerse en cuenta. Así, entre otras, hacen mención a su propuesta de eliminar el modelo por el cual las consejerías de Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Justicia deben remitir a la de Hacienda "informes mensuales sobre el seguimiento del gasto y proponer, a partir de los mismos, recortes". En este sentido, desde el PSPV-PSOE remarcan que pedían "eliminar esta puerta abierta a los recortes o, al menos, que el Consell remita estos informes a Les Corts", reprochando que "el PP lo rechaza sin dar una explicación, solo por opacidad".
Por otro lado, los socialistas destacan que habían propuesto al Ejecutivo valenciano que, en Sanidad, la información incorpore no solo gastos de personal y otros, sino también el coste de las derivaciones a la privada, así como que la Intervención General haga un informe para analizar la eficiencia y el impacto en el sistema público de las mismas. Una enmienda que, tal y como apuntan, los populares también rechazan sin ofrecer una explicación por la cual se niegan a ello.
Para los miembros del PSPV-PSOE también es destacable que se hayan rechazado sus propuestas en los referido a la vivienda para las zonas tensionadas, ya que se ha negado establecer una prohibición de compra-venta que no tenga un fin residencial o que se estudie la manera de impulsar un tope al precio de los alquileres.
No queda ahí su sorpresa por la negativa a impulsar algunas de las medidas propuestas para el ámbito inmobiliario, sino que no encuentran una explicación razonable para que los populares hayan rechazado impulsar una iniciativa que impediría que se pueda volver a producir otro caso Les Naus de Alicante. Los socialistas apuntaban a que se apruebe y regule un registro público de solicitantes y de oferta de vivienda pública que se creó con el Consell del Botànic y que derogó el Ejecutivo de Mazón. "¿Por qué tumban esta enmienda? Garantizaría la constancia telemática del orden de las solicitudes, además del control público por parte de la Conselleria en la asignación de las viviendas", se preguntan.
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