La desclasificación de toda la información en relación a la crisis migratoria de Ceuta, que hasta ahora disponía de un carácter reservado, tendrá lugar durante este martes. Los informes elaborados por el CNI, la Guardia Civil, la inteligencia militar y la Policía Nacional en relación a Marruecos y la llegada masiva de inmigrantes irregulares a la ciudad autónoma serán liberalizados durante esta jornada. Si bien, no podrán ser consultados hasta el miércoles, 9 de septiembre, siguiendo el recorrido que ya realizaron los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23-F.
Según indican distintas fuentes a El País, serán más de una decena de informes los que se ofrezcan a la ciudadanía, a los que se sumará la información aportada por el Ministerio de Migraciones. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hará públicas las comunicaciones que le fueron trasladadas, las cuales subrayan desde Moncloa, prueban que el Gobierno no fue advertido de la magnitud de la crisis que se avecinaba. Así, los documentos trasladados desde los cuerpos del orden al equipo de Sánchez podrán ser consultados por todos los interesados en conocer más detalles, yendo estos escritos desde el 1 de julio al 1 de agosto.
En relación a la información aportada por el Ministerio de Migraciones, esta institución trasladaba al Ejecutivo nacional durante el mes de julio que se estaba dando un incremento de llegadas a nado a la ciudad autónoma. Una circunstancia que, según exponían desde este organismo, se estaba intensificando después de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia por la cual se determinaba que que no se podía devolver en caliente a quienes entrasen por mar a Ceuta y Melilla.
En este contexto, cobra especial fuerza uno de los informes que mayor polémica ha generado en los últimos días. Concretamente, se trata del elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que apunta que agentes marroquíes “guiaron” a los inmigrantes en el asalto a Ceuta. Un documento que ha generado especial controversia por los hechos que, según se publicaba en prensa, se presentaban en los mismos. Desde el Gobierno de España se defendían esta pasada semana señalado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no fue informado después de que la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional pidiera a sus autores la “máxima reserva”. De hecho, esta desclasificación de documentos reservados era impulsada por el Ejecutivo después de esta polémica.
Las fuentes consultadas por El País indican que, además del informe del CENIF, la Jefatura de Información de la Guardia Civil remitió la semana pasada a la jueza Tardón un nuevo informe en el que se recogen datos sobre las comunicaciones mantenidas, en los días previos a la avalancha de Ceuta, con distintos organismos y agencias estatales vinculados a la Información y la Inteligencia. El documento no identifica expresamente al CNI entre esos organismos y, según señalan, ninguna de esas comunicaciones contenía una previsión sobre la magnitud que finalmente alcanzaría la entrada masiva de personas en Ceuta. Es decir, pese a los contactos mantenidos antes de los acontecimientos, no se habría trasladado en ese momento una estimación que anticipara la dimensión de la avalancha.
Durante su intervención de este lunes ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas reunidos en el Congreso, el presidente ha defendido la necesidad de determinar qué ocurrió para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. En este sentido, se ha comprometido a aclarar los acontecimientos de aquella semana de julio y ha asegurado que, una vez conocidos los hechos, el Gobierno trasladará sus conclusiones a la ciudadanía de manera transparente y poniendo por delante el interés general.
Por su parte, el Ejecutivo mantiene que la información reservada que se hará pública este martes se limitará a los datos y análisis de los que dispuso durante el mes de julio y hasta el 1 de agosto, fecha en la que el asalto de la frontera ya se había producido. Mientras tanto, el ministro del Interior ha vuelto a señalar este lunes que ninguno de los informes disponibles permite identificar al “autor intelectual” de la crisis registrada en Ceuta.
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