Batalla en la causa por la crisis en Ceuta: Moncloa como perjudicada y toda la derecha como acusación popular

La crisis de Ceuta entra de lleno en el terreno judicial, después de la decisión de la jueza María Tardón de abrir una causa en la Audiencia Nacional. La magistrada anunció este lunes que investigará la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma como “un ataque grave contra la integridad territorial de España”, dio validez a la tesis de que se gestionó “desde Marruecos”, y abrió un nuevo escenario de batalla entre el Gobierno y la derecha, que como es habitual llevará su labor de oposición a la figura de la acusación popular.

Tardón, considerada conservadora y con un pasado político que la une al Partido Popular, incluyó en su auto a la lista de formaciones que ya han solicitado ejercer esta figura en la causa, en la que hay nombres habituales. Entre ellas, la propia formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, para la que la jueza fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999; y algunos satélites de la ultraderecha como Vox o la asociación ultracatólica HazteOir.

En el lado contrario, el propio Gobierno ha anunciado que se personará en la causa como perjudicado. Ante un nuevo frente judicial abriéndose ante Pedro Sánchez por la entrada de 72.000 personas a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Moncloa quiere combatir “el matonismo y las amenazas” de la derecha, y anuncia “esa personación para tener la confirmación y defender que, si esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional”, participar en el proceso, como anunció el ministro Ángel Víctor Torres, mando único en la crisis, en una entrevista en RTVE.

La jueza apunta a Marruecos y a los “medios de respuesta” de España

Aún no se conoce cuáles serán las primeras diligencias que ordenará Tardón en una causa que se antoja compleja por las distintas dimensiones que abarca. La jueza declaró la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva, al tratarse de una conducta delictiva, según ella, “presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”.

Tardón fue quien encargó el polémico informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, y también quien ordenó al cuerpo que se lo entregara sin informar ni al Gobierno ni a sus superiores. Esto, que provocó la pasada semana una crisis entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la policía; adquiere ahora una nueva dimensión. La magistrada da total validez a la tesis que expone el informe, que si bien no señala la autoría directa de Marruecos de la avalancha sobre Ceuta, constata que “se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, en sus propias palabras.

Se basa en el “constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad” del país vecino, según las “fotografías y vídeos” contenidas en ese informe. De esta manera, Tardón rechaza la tesis que aún sostiene el Gobierno, que defiende que ese informe, en el que se ve a efectivos que los agentes identifican como de la Gendarmería Real marroquí "guiando" a los migrantes, no permite señalar directamente a Rabat.

La magistrada abre causa para investigar la comisión de cuatro delitos: uno contra la paz o la independencia del Estado; uno contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que conecta con los 84 fallecidos en aguas españolas como delitos de homicidio imprudente; y otro de pertenencia a organización criminal.

También anuncia que se localizarán a posibles responsables en Marruecos, para lo que se podrá solicitar la colaboración de las instituciones de ese país; pero también en España. En este escenario incluye “la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”. Es decir, que pondrá el foco en la respuesta del Gobierno ante posibles alertas previas.

Moncloa se defiende: personación y transparencia

Moncloa sigue defendiendo que los avisos de los días previos a la entrada masiva no se salieron de parámetros que pudieran alertar de la magnitud de lo ocurrido, aunque la jueza recoge hasta ocho alertas en su auto. Es lo que defendió Sánchez en el Congreso el pasado jueves y mantienen todavía sus ministros. Sobre la apertura de la causa, aún resuenan los ecos del choque que mantuvieron Marlaska y Tardón sobre todo lo relativo al informe del Cenif.

El ministro expresó al Poder Judicial su “preocupación” por la orden de la jueza de prohibir a los agentes dar cuenta de él a sus superiores. La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, le respondió en una carta defendiendo que Tardón actuó en el “ejercicio de sus funciones constitucionales”, y exigió “el máximo respeto” al titular de Interior.

Marlaska no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, pero sí ha salido en su defensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se sumó este lunes “a la preocupación” de su compañero en el Gobierno. “Hasta la fecha ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad”, dijo sobre Tardón en una entrevista a la Cadena SER. El ministro cuestionó si basarse en el informe del Cenif es “una decisión muy acertada”.

En cualquier caso, la batalla está servida desde Moncloa. Además de personarse como perjudicado en la causa, como anunció Torres, el Gobierno va a desclasificar todos los informes relacionados con la crisis de Ceuta fechados entre el 1 de julio, un mes antes de la entrada masiva, y el 1 de agosto, el día después. El Consejo de Ministros lo va a aprobar este martes y, previsiblemente, la ciudadanía podrá consultar desde el miércoles todos los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Nueva causa con acusaciones populares de derecha

En el otro lado, la derecha trata de aprovechar cualquier vertiente de la crisis de Ceuta. La gestión del Gobierno deja en buena posición al PP, que confronta desde la propia ciudad autónoma, con su presidente, Juan Jesús Vivas, como ariete, pero también lo hará en los tribunales. Feijóo apuntó a que la causa llegaría al Supremo, dejando caer la imputación de algún miembro del Ejecutivo, que es donde plantea la pelea Vox. La ultraderecha quiere juzgar a Sánchez por traición, y ya ha presentado una denuncia al presidente y a Marlaska ante la Fiscalía del Alto Tribunal.

Mientras tratan de elevar la causa a la máxima instancia, ambos partidos ya han pedido ser parte en la Audiencia Nacional como acusaciones populares. El auto de Tardón las incluye junto al partido extraparlamentario Iustitia Europa, o la asociación ultracatólica HazteOir. La nómina incluye también a Zeolandia, una asociación supuestamente dedicada a defender el “bienestar de los animales” que preside una candidata de Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador de extrema derecha Alvise Pérez. También se admite como acusaciones a la asociación Libertad y Justicia, otra habitual de las causas que afectan al Gobierno, y al partido Ahora España.