El intercambio de cartas entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, se ha saldado con la apertura de conversaciones públicas sobre los límites de la circulación de información en una investigación judicial y sobre el equilibrio entre la dirección política del Gobierno y la autonomía de los jueces, con ambas partes barriendo para casa y con la crisis humanitaria y migratoria como telón de fondo aún presente.
Las discrepancias entre ambos organismos nacen de una decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Según Interior, la jueza ordenó al equipo policial encargado de investigar la crisis migratoria de Ceuta que no facilitara a sus superiores información sobre un informe elaborado a petición del juzgado. Marlaska trasladó su "preocupación" a la presidenta del CGPJ mediante una carta. La respuesta de Perelló fue clara: aunque comparte con el ministro la gravedad y el carácter extraordinario de la situación, la actuación de la magistrada forma parte del ejercicio de sus funciones constitucionales y debe recibir "el máximo respeto".
Todo comenzó cuando el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, elaborara un informe a petición de la jueza María Tardón. De acuerdo con la información trasladada por el Ministerio del Interior, la magistrada dio instrucciones a los investigadores para que no facilitaran a sus superiores información alguna sobre el contenido de ese documento.
El informe policial analiza los acontecimientos ocurridos en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, y expone que la entrada masiva de personas no habría sido "espontánea", sino "planificada". La Policía también implica a los agentes marroquíes y describe una respuesta caracterizada, según el documento, por una actitud de "total permisividad". Entre los elementos recogidos figuran asimismo la presencia de agentes uniformados y de otros no uniformados en comportamientos que, según la descripción policial, serían compatibles con labores de monitorización o control de lo que estaba sucediendo. La existencia de este informe y las restricciones sobre la información que podía trasladarse fuera del ámbito de la investigación judicial son el punto de partida del desacuerdo entre Interior y la presidencia del órgano de gobierno de los jueces.
Interior defiende informar al juez sin dejar al margen al Gobierno
En su carta a Perelló, y según las fuentes de Interior que han informado sobre su contenido, Marlaska sostiene que una situación de extrema gravedad como la crisis de Ceuta exige compatibilizar distintos deberes institucionales.
El ministro considera que la Policía Judicial debe atender y proporcionar a los órganos judiciales toda la información que estos requieran, pero entiende, al mismo tiempo, que esa obligación puede coexistir con la comunicación a los responsables políticos de aquellos datos relevantes para la gestión de una crisis. Marlaska subraya que esta compatibilidad debería producirse "sin que se resienta la independencia judicial". Desde su punto de vista, el Gobierno debe poder disponer de "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general" y, en este caso concreto, para garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional.
La posición de Interior parte de la relevancia que, según el ministro, tiene esta información. Marlaska considera que esos datos pueden resultar necesarios para que el Ejecutivo ejerza adecuadamente sus funciones constitucionales en ámbitos como la dirección de la política interior y exterior y la defensa del Estado. Por ello, insiste en que el respeto a la independencia judicial no debería impedir que, en una situación que afecta a la seguridad nacional, los mandos y responsables políticos conocieran la información necesaria para gestionar una crisis de gran magnitud. Todo se resume en responder a la pregunta de si el cumplimiento de los requerimientos de un juzgado y la transmisión de información relevante dentro de la estructura administrativa y gubernamental pueden desarrollarse de forma simultánea sin interferir en la investigación.
Perelló recuerda los límites del CGPJ
Por su parte, Isabel Perelló no entra a valorar la conveniencia de la decisión concreta adoptada por la jueza, pero recuerda, precisamente, que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen constitucional y legalmente prohibido aprobar, censurar o corregir las actuaciones judiciales. Existe, pues, una frontera institucional.
Perelló también recuerda el deber general de colaboración con los órganos judiciales establecido por la Constitución. Una obligación que, en el caso de la Policía Judicial, adquiere una especial relevancia debido a su función de auxilio a jueces y tribunales. La presidenta del Poder Judicial señala asimismo que la legislación atribuye funciones de Policía Judicial a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con independencia de su naturaleza y de su dependencia administrativa.
"Estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando", le expone a Fernando Grande-Marlaska en la misiva. Sin embargo, esa coincidencia no altera su posición sobre el papel que corresponde a cada institución, y recalca que la actuación de María Tardón responde al ejercicio de sus funciones constitucionales y que, por ese motivo, "todos debemos mostrar el máximo respeto".
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