Marlaska lleva al CGPJ la orden de Tardón de no elevar el informe sobre Ceuta y Perelló respalda la actuación de la jueza

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha remitido un escrito a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, en el que le traslada su “preocupación” por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

Marlaska ha señalado en su carta a Perelló que “como ministro del Interior, y también como magistrado”, respeta “escrupulosamente” la “independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones”.

Así, sostiene que “no debería ser incompatible” que un equipo policial atienda los requerimientos de la jueza Tardón y que también informe a “sus superiores y responsables políticos” de todas las circunstancias que puedan “ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”. Insiste a su vez en que “la información de la que dispone la Policía Nacional es de gran interés para su departamento y para que el Gobierno ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.

Por ello, Marlaska concluye su misiva subrayando que “en situaciones de extrema gravedad como la que se está viviendo en Ceuta”, debe ser compatible, “sin que se resienta la independencia judicial”, que la policía judicial “informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional”.

Perelló responde que la actuación de Tardón responde al ejercicio de sus funciones

Ante esta misiva, la presidenta del CGPJ ha remitido otra carta al ministro del Interior en respuesta a la misma. Perelló sostiene que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, y recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, genera para todos los ciudadanos; y que los artículos 283 LECrim, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, concluye Perelló la carta.