Desbloqueo judicial en el caso del novio de Ayuso: la UCO podrá elaborar su informe tras más de un año de retraso

Las diferentes velocidades que la Justicia española aplica en función de quién sea enjuiciado son una realidad que cada vez cuesta más negar incluso a los juristas ultraconservadores. Más allá de los grandes tribunales, donde siempre se alude a las cargas de trabajo para intentar justificar las dilaciones de años en determinados casos, el caso de Alberto González Amador, pareja (o expareja) de Isabel Díaz Ayuso, es quizá uno de los mayores ejemplos de cómo puede bloquearse una investigación gracias a la actuación de una toga.

La investigación que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid recaló en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en marzo de 2024, después de que múltiples informaciones destapasen un fraude de más de 350.000 euros. El propio abogado del enjuiciado reconoció el delito y las pruebas eran más que patentes, lo que podría hacer creer que los tiempos no se alargarían en demasía. Craso error. Por el camino cayó el fiscal general del Estado, Alvaro Garcíta Ortiz, y otros procesos, como el de Begoña Gómez, también en un juzgado de instrucción madrileño, avanzaban mucho más rápido.

Nadie era capaz de explicar por qué la velocísima y mordiente Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se desempeñaba como un reloj suizo en otros casos, no se decidía a investigar a fondo a González Amador, mientras seguían emergiendo informaciones más allá del fraude (con pieza separada), relacionando el aumento de los ingresos del enjuiciado con su vínculo con la baronesa del Partido Popular (PP), época en la que sus beneficios empresariales se dispararon. Entonces emergió la figura de Antonio Viejo, juez que se hizo cargo de la investigación superado el verano de 2025, sustituyendo a María Inmaculada Iglesias.

Desde ese verano, nunca más volvió a verse un informe de la UCO sobre González Amador. El culpable, según la Guardia Civil, es el juez. Viejo permitió a los agentes, después de muchos meses de dilación, acceder a las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso, lo que afloró los 4,4 millones de euros que facturó a la sanidad privada madrileña durante su relación. Si bien la UCO afeo al juez que solo le dejase acceder a las 17 cuentas bancarias y dos depósitos a nombre de González Amador, dejando fuera otras muchas pesquisas.

“Es indispensable”, se refería la Guardia Civil a informaciones como la tributaria. No tener esos datos, apuntaban los agentes, “dificulta enormemente” la investigación. Pues bien, ha tenido que ser la Audiencia Provincial de Madrid, previo requerimiento de la Fiscalía, quien de permiso a la UCO para realizar dichas investigaciones. Este martes se conocía que el órgano superior había dado la autorización que Viejo llevaba bloqueando durante meses para que se pueda realizar el informe que lleva más de un año desde que se comenzase a redactar.

Sobre González Amador pesa la acusación por delitos de fraude fiscal, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios. Es este último, centrado en la compra por medio millón de euros de una empresa sin valor al entorno de sus clientes, es en el que la UCO pretende indagar con estas nuevas pesquisas. Al respecto de este movimiento, la Audiencia Provincial da permiso para analizar las declaraciones tributarias y los datos de la Seguridad Social del novio de Ayuso para dilucidar si ha habido un incremento patrimonial ilícito.

La Audiencia Provincial resuelve que "resulta necesario cotejar la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas". Asimismo, en el auto se remarca que González Amador "ha mostrado ya no solo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación". Esta resolución de la Sección Tercera se enmarca en la pieza separada abierta para investigar posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador.