El goteo de información sobre la presunta trama de corrupción que involucra a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, y decenas de imputados más sigue dibujando nuevas aristas. A la creación de leyes para favorecer a empresas a cambio de dinero y tratos de favor al despacho Equipo Económico o el hostigamiento y amenazas a contribuyentes, el sindicato de técnicos e Hacienda (Gestha) ha sumado este lunes el aprovechamiento descarado de “puertas giratorias” por parte de altos funcionarios y cargos ministeriales.
La obscenidad llegaba a tal punto que cargos como el director general Tributos, tan solo por debajo de ministro de Hacienda y del secretario de Estado, "enseñaban" a grandes empresarios a "eludir impuestos". Así lo ha denunciado el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, en una entrevista concedida a la Cadena Ser en la que también ha relatado que esta práctica llegó a ser una tónica habitual. “La cantidad de jornadas y cursos que organizan firmas de consultoría y a la que continuamente están personándose altos funcionarios y cargos”, ha lamentado.
Los asiduos a estos encuentros, ha explicado, son grandes empresa, debido a lo restrictivo del precio de entrados. “Los altos funcionarios y cargos de Ministerio resuelven consultas que les plantean […] En su momento denunciamos unos cursos en los que muchos altos cargos del Ministerio de Hacienda, creo que el director general de tributos y subdirectores, directamente se enseñaba a eludir impuestos”, ha detallado. En definitiva, responsables de la Administración enseñando a los grandes poderes como engañar al erario que sostiene los servicios públicos del país.
Cuando esto fue denunciado, ha expuesto Cruzado, “no solo no se tomaron medidas, sino que fuimos amenazados". Una reacción furibunda de los grandes poderes y de los propios cargos públicos que, tal y como ha insistido el presidente del sindicato, utilizaban este encuentro como una plataforma de colocación a futuro. “Servían para engrasar las puertas giratorias”, ha trasladado, evidenciando que las personas que impartían los cursos eran posteriormente contratadas por las empresas que los organizaba. Un ciclo cerrado de colocación y favores entre altos mandatarios públicos y empresariales.
Además, por si fuera poco, estos cargos también estaban involucrados, debido a las responsabilidades de sus puestos, en la elaboración de las leyes y demás figuras legislativas ahora bajo sospecha. “Hay que regular las incompatibilidades y la asistencia a estos cursos de una manera estricta”, ha demandado.
Asimismo, ha apuntado que esta y el resto de irregularidades que se investigan fueron posibles en parte por la inexistencia de un peritaje real dentro del Ministerio. “El director de la Agencia Tributaria dictó una normativa por la que controlaba el nombramiento de los peritos y del auxilio judicial en los casos de corrupción en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha apuntado.
