El curso político empieza a tocar su final, pero antes de enfundarse sus bañadores los diputados deberán acudir a una importante cita en el Congreso de los Diputados. En juego están los recursos económicos de los que dispondrán las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, congelados debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde hace dos años y a la negativa de las formaciones de la derecha parlamentaria a aprobar la actualización de las entregas a cuenta para las administraciones.

Este martes, el Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya tendrán en su mano aprobar el aumento de los recursos de las entidades territoriales hasta el nivel más alto de la historia. El anterior intento se produjo a principios de este año, momento en que la derecha española y la derecha catalana decidieron tomar la actualización, pese a que los primeros Gobiernan en 12 de las 15 autonomías del régimen común (a excepción de Asturias, Castilla – La Mancha y Cataluña) y lo segundos basan su discurso en el “Espanya ens roba”.

El Gobierno lo volverá a intentar antes de que los políticos cojan sus vacaciones estivales, después de aprobar el pasado 17 de junio el Real Decreto-ley con el que pretende llevar las entregas a cuenta de las CCAA de los 134.658 millones de 2024 a los 147.412 millones de este año, lo que representa un incremento del 9,5% y 12.754 millones de euros, 9.281 millones para autonomías del PP. A esa cuantía habría que sumarle 11.692 millones de la previsión de liquidación de 2023, lo que elevaría la financiación total a los 158.167 millones.

El Ejecutivo defiende que con esta actualización las autonomías recibirían 300.000 millones de euros más que durante los siete años de Mariano Rajoy en La Moncloa. Asimismo, aluden a que las Entidades Locales verían crecer sus recursos económicos hasta los 28.734 millones de euros, otra cuantía récord contemplada en el texto aprobado por el Consejo de Ministros y que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presento a los gobiernos territoriales en Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace un año.  

"Hace escasos meses tuvimos este mismo debate. La votación, en ese caso, del principal partido de la oposición fue un voto contrario y esperemos que ahora, frente a esta cifra tan importante e histórica, podamos en este caso contar con ese apoyo", trasladaba la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde al Real Decreto-ley. Para salir de dudas habrá que esperar a la votación de este martes, en la que se prevé que los de Carles Puigdemont apoyen la propuesta.

Incremento total de 21.500 millones

Atendiendo a todos los parámetros a los que afecta el texto, el aumento total que se están jugando las Comunidades Autónomas se sitúa en los 21.519 millones. Desde el Hacienda defienden que esto se puede producir gracias a la decisión del Gobierno de desvincular su actualización de la aprobación de las Cuentas Públicas, algo de lo que los populares se mostraban en contra. “El Gobierno ha desligado una vez más la aprobación de los Presupuestos de la actualización de los recursos para las Comunidades Autónomas, algo que el gobierno del PP siempre rechazó que se pudiera hacer”, trasladaban hace un mes escaso.

Los hechos han desmentido una vez más la postura del Ejecutivo de Rajoy y las entregas a cuenta, como ocurrió el año pasado también, se han actualizado a pesar de existir una situación de prórroga presupuestaria”, añadían. No obstante, la vigencia de esta actualización podría concluir este martes si no consigue reunir los apoyos suficientes, algo que parece cada vez más complicado.

“El Gobierno progresista da un paso más en su defensa de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas como hizo también durante la peor pandemia en un siglo al mantener inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación”, concluía Hacienda, ensalzando el incremento de fondos en comparación con el mandato de Rajoy.

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