Pagos millonarios, favores fiscales y leyes redactadas por encargo. La investigación judicial que salpica a Cristóbal Montoro ha dejado de ser un escándalo de despacho para convertirse en un caso con profundas implicaciones políticas. El bufete Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda, está en el centro de una presunta trama de tráfico de influencias que afecta directamente al diseño de políticas públicas durante los gobiernos del Partido Popular. En la red tejida a su alrededor aparecen también Rafael Catalá, exministro de Justicia, con un rol más activo del que se había reconocido hasta ahora, y Luis de Guindos, exministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, cuyo vínculo fue más breve.
Según los últimos informes judiciales y policiales incorporados al sumario, Cristóbal Montoro habría mantenido una relación no solo histórica, sino operativa, con su antiguo bufete tras asumir nuevamente la cartera de Hacienda en 2011. Aunque el exministro asegura haberse desvinculado completamente en 2008, antes de volver a la política, los datos recabados por la Guardia Civil apuntan a que pudo seguir ejerciendo influencia indirecta a través de antiguos socios y colaboradores que permanecían dentro del despacho.
En concreto, los investigadores sostienen que las reformas fiscales impulsadas por Hacienda durante su mandato beneficiaron directamente a empresas que eran clientes del bufete, que había sido rebautizado como Equipo Económico (anteriormente Montoro & Asociados). Entre ellas destacan compañías del sector energético, gasista y del juego, que habrían abonado sumas millonarias a cambio de modificaciones normativas a medida. En un caso especialmente significativo, se apunta a una rebaja de 2.200 millones de euros en el recorte previsto a las renovables en 2012, así como descuentos fiscales del 85 % en el impuesto eléctrico entre 2012 y 2018, vulnerando incluso normativas europeas.
Los tentáculos del bufete de Montoro alcanzan a Catalá y De Guindos
La gravedad del caso se incrementa por el volumen de la documentación: más de 8.000 folios, 17 tomos y 28 personas imputadas. Entre ellas, altos cargos de Hacienda, empresarios y técnicos con pasado común en el ministerio o en el despacho. El juez de Tarragona que instruye el caso considera que Montoro ejercía un "rol nuclear" en la red de influencias, y que el bufete actuaba como puente informal entre intereses privados y decisiones públicas.
En paralelo, el papel de Rafael Catalá ha cobrado fuerza en el sumario. El exministro de Justicia, que también fue subsecretario de Hacienda durante el primer Gobierno de Aznar, es señalado como vínculo clave entre Equipo Económico y la empresa de apuestas Codere, de la que fue alto directivo entre 2005 y 2011. Según la investigación, Codere abonó al menos 679.000 euros al bufete en concepto de asesoría entre 2008 y 2012, en pleno proceso de elaboración de la Ley del Juego y del sistema de licencias para el juego online. Los investigadores consideran que Catalá habría facilitado los contactos y el acceso institucional necesarios para que el despacho influenciara las normas en favor de su entonces empresa.
Incluso después de abandonar la política, Catalá volvió a Codere como asesor externo, consolidando la idea de una puerta giratoria perfectamente engranada, en la que las fronteras entre lo público y lo privado quedaban difuminadas. Aunque no ha sido imputado —al menos de momento—, su figura aparece de forma reiterada en los documentos analizados, y varias asociaciones de juristas ya reclaman que se le cite a declarar.
En cuanto a Luis de Guindos, su presencia en la causa es más tangencial, pero no irrelevante. De Guindos fue socio fundador de Equipo Económico en 2006, aunque abandonó la firma a los pocos meses, según se ha explicado desde el propio bufete. No obstante, su nombre aparece en la transferencia de acciones de Montoro: 300 participaciones del despacho fueron vendidas a De Guindos en 2007, sin que el exministro de Hacienda declarara plusvalía alguna por la operación. La Agencia Tributaria considera que esta venta podría haber sido una simulación sin contraprestación real, destinada a ocultar la titularidad efectiva de Montoro cuando este volvió a la primera línea política.
Un bufete de 70 millones bajo sospecha
La sombra del caso se extiende más allá de los tres exministros. El despacho, que ha facturado más de 70 millones de euros desde su fundación, es descrito por los investigadores como una estructura de lobby opaca, con conexiones estratégicas en distintos niveles de la Administración. El sumario revela incluso la creación de filiales y sociedades instrumentales, como Global Afteli, con el objetivo de canalizar ingresos de manera opaca y eludir responsabilidades fiscales.
La dimensión política del caso también ha ido en aumento. Montoro ha solicitado su baja como militante del Partido Popular, y el PSOE ha pedido una comisión de investigación en el Congreso, a la que se han sumado formaciones como Sumar o Más Madrid. Esta última ha exigido explicaciones al Gobierno regional por los casi dos millones de euros que la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, pagó al bufete entre 2008 y 2011.
Desde el PP, el silencio ha sido la norma. Ni Alberto Núñez Feijóo ni otros portavoces populares han querido pronunciarse públicamente sobre el caso, limitándose a decir que se trata de un “asunto personal” que no afecta al partido. Sin embargo, la acumulación de datos y conexiones en el seno del Estado amenaza con convertir el caso Montoro en un nuevo escándalo estructural, en la línea de la Gürtel o la Kitchen, pero centrado esta vez en el uso de la maquinaria fiscal del Estado como herramienta de privilegio.
