Este miércoles, tras el levantamiento del secreto de sumario se daba a conocer la imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Función Pública durante los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy, y de otros 28 altos cargos y seis empresas. Y casualmente, desde entonces, Alberto Núñez Feijóo no ha tenido agenda, ni este jueves ni este viernes.
Vicesecretarios, parlamentarios y líderes autonómicos han sido los únicos que han copado este jueves las previsiones de agenda del Partido Popular. Algo que se repite este viernes, ya que el presidente del partido no tiene agendado ningún compromiso. Y no es más que sorprendente esta falta de actos con la proliferación de los mismos en días y semanas anteriores, cuando las investigaciones afectaban a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que Feijóo utilizaba para exigir explicaciones a los socialistas.
El silencio era el protagonista en las últimas horas del miércoles y a primera hora del jueves, hasta que el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, aseguraba que “es diferente” el caso que afecta al exministro popular con respecto a las informaciones que apuntan al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que en el caso que afecta al PP “no se habla ni de mordidas, ni de prostitutas ni de colocación de amigas”.
Después de este apunte, sin hacer un mínimo de autocrítica tras conocerse el presunto amaño de leyes en el Ministerio de Hacienda y Función Pública liderado por Cristóbal Montoro para beneficiar a empresas, Bravo recurría a la clásica coletilla de “respeto máximo a la Justicia y a los fiscales”, combinándolo con el no menos funcional “hay que dejarles trabajar”.
Montoro niega cualquier “elemento probatorio” en su contra
El que sí ha hablado, a través de un comunicado remitido a EFE, ha sido el propio Montoro, que este jueves criticaba el auto judicial que le imputa al considerar que lo hace “sin ningún elemento probatorio” y “coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España”.
“Han esperado a mi salida del Ministerio en 2018 para iniciar una investigación judicial con sumario secreto que ha durado a esta fecha siete años, lo que es ya un hecho absolutamente anómalo. En el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España”, indicaba el exministro en el comunicado.
En lo que se refiere a su inclusión como investigado, Montoro denunciaba que "se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro". "Por todo lo anterior, en la confianza en las instituciones del Estado de Derecho, haré uso de los mecanismos legales para defender mi honor, ejercitando todos los recursos y acciones judiciales a tal fin", terminaba.
La imputación de Montoro y otros 28 cargos
El levantamiento del secreto de sumario daba a conocer que Montoro, junto a su equipo en el Ministerio de Hacienda, lideraron una “organización” para modificar aprobaciones legislativas a cambio de beneficios económicos, séase, una “red de influencias cuyo fin último sería la obtención de lucro económico”.
En la causa, ya conocida como ‘caso Montoro’, figuran hasta 28 personas físicas y otras seis jurídicas. En el primer grupo, rezan los siguientes nombres principales: su secretario de Estado, Miguel Ferré; exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero; exdirector general de tributos, Diego Martín-Abril; José Alberto García, sucesor de éste; Óscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También, por parte de Equipo Económico (EE), figuran Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.
En cuanto a las personas jurídicas, figuran en el auto judicial Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.
El magistrado titular señaló en su auto que desde Equipo Económico (EE) se cobraron 779.905 euros entre 2011 y 2018, coincidiendo con la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa.
