Con 228 víctimas mortales y cientos de familias afectadas, la DANA que sacudió la Comunitat Valenciana el pasado octubre sigue dejando preguntas sin respuesta. Este jueves, Vicent Mompó deberá dar explicaciones ante la jueza. El PSPV le acusa de haber actuado con conocimiento previo de la emergencia, hasta el punto de advertir a su hermana, pero sin mover ficha para proteger al resto de la ciudadanía. Su testimonio puede marcar un antes y un después en la causa.
La comparecencia del presidente de la Diputación de Valencia, prevista para este 18 de julio, ha sido calificada por el Grupo Socialista como “crucial” en la investigación judicial. Su portavoz, Carlos Fernández Bielsa, sostiene que es imprescindible que Mompó ofrezca “un relato veraz, completo y detallado” de todo lo que hizo —o dejó de hacer— durante la jornada del 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales causaron una catástrofe sin precedentes en la región.
Uno de los puntos clave que deberá aclarar es el motivo por el que el sistema de alerta Es Alert no se activó hasta las 20:11, a pesar de que desde el mediodía ya se conocían desbordamientos graves en comarcas como la Ribera y Utiel. Según los socialistas, no tiene sentido que el dirigente provincial considerara suficientemente grave la situación como para pedirle a su hermana que no saliera de casa, pero no actuara en consecuencia como representante institucional. “La ciudadanía merece saber por qué no se hizo lo mismo con todos los valencianos y valencianas”, subraya Bielsa.
Desde el PSPV también se insiste en que Mompó debe explicar si avisó a Carlos Mazón, president de la Generalitat, sobre la gravedad de los hechos. Los socialistas quieren saber si se solicitó la activación de los mecanismos de emergencia de forma urgente o si, por el contrario, se permitió que Mazón continuara su sobremesa en el restaurante El Ventorro, tal y como se ha publicado en distintos medios. “Es fundamental aclarar si Mompó intentó persuadir a Mazón para que asumiera la gravedad de la situación y adoptara decisiones inmediatas”, apunta Bielsa.
Otra de las incógnitas que planean sobre el testimonio de Mompó es si trasladó formalmente a la Generalitat la decisión de cerrar las instalaciones de la Diputación a las 14:00, por considerar que existía un riesgo muy alto para la población. Esa medida fue adoptada también por otras instituciones, pero no consta que se comunicara oficialmente desde la Diputación. Para el Grupo Socialista, esa omisión tendría una enorme relevancia a la hora de valorar la coordinación institucional durante las horas críticas de la DANA.
La instrucción del caso también busca esclarecer las comunicaciones realizadas por Mompó aquel día. Según ha trascendido, el presidente de la Diputación borró las llamadas de su teléfono en pleno episodio de emergencia. El PSPV considera esa acción gravísima y exige que se esclarezca su motivación y el contenido de las conversaciones mantenidas, especialmente las realizadas con Mazón y con la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas.
Las palabras del propio Mompó en el programa Salvados, emitido meses después de la catástrofe, han añadido aún más presión sobre su testimonio. En aquella entrevista, el dirigente del PP aseguró que en el Cecopi —el centro de coordinación de emergencias— “no había información” y llegó a afirmar que “tanto los medios de comunicación como la ciudadanía disponían de más datos que los responsables operativos”. La jueza instructora ha solicitado formalmente las imágenes del programa y se espera que le pregunte directamente por esas declaraciones, que para los socialistas suponen una “grave falta de responsabilidad institucional”.
Aunque Mompó acude a declarar en calidad de testigo, su rol como presidente de la Diputación y su cercanía a Mazón le sitúan en el centro de una cadena de decisiones —o inacciones— que podrían haber alterado el desenlace de aquella tragedia. El PSPV considera que su relato será determinante para establecer el grado de conocimiento que tenían las autoridades y por qué no se actuó antes.
Por ahora, la investigación judicial mantiene como imputados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso, ambos cesados tras el desastre. Mazón, aunque no está imputado, sigue bajo el foco por haber llegado al Cecopi casi media hora después de activarse la alerta, y tras haber pasado la tarde en un acto institucional y una comida privada. Lo que diga Mompó este jueves puede servir para blindar a su partido o para abrir nuevas grietas en la versión oficial.
