La ley le ampara, pero la política no siempre rima con la justicia social. Carlos Mazón cumple este domingo dos años como president, el tiempo justo para acceder a una pensión dorada financiada con dinero público. En plena tormenta social por la mala gestión de la DANA, ¿es esto aceptable?
La pregunta no es retórica: la respuesta tiene consecuencias reales para las arcas públicas y para la confianza ciudadana en sus instituciones. A partir de este 13 de julio, y en virtud de lo establecido en la Ley 6/2002 del Gobierno Valenciano, Mazón queda automáticamente habilitado para percibir una asignación vitalicia de 75.000 euros anuales una vez abandone su cargo. No hace falta que termine la legislatura. Con dos años bastan.
Este derecho, compartido por los expresidents de la Generalitat Valenciana desde hace más de dos décadas, incluye también otros beneficios: la posibilidad de contar con dos asesores, una oficina propia, coche oficial y servicio de escolta, además de un asiento como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu, con voz aunque sin voto. Un retiro institucional con todas las comodidades.
La ley es clara, pero su aplicación en 2025 genera un ruido ensordecedor. ¿Cómo justificar este tipo de blindajes económicos cuando el resto de la ciudadanía asiste a recortes en servicios esenciales, retrasos en listas de espera o planes de vivienda social congelados? ¿Qué sentido tiene una renta vitalicia tan abultada para quienes, en muchos casos, se reincorporan al sector privado o acumulan otros cargos retribuidos tras dejar la presidencia?
Además, esta asignación se produce justo cuando su gestión durante la devastadora DANA de octubre de 2024 ha sido severamente cuestionada. La catástrofe dejó 228 fallecidos y una oleada de críticas por la tardanza en las alertas, la eliminación previa de la Unidad Valenciana de Emergencias y la falta de coordinación en el Cecopi.
Expertos en emergencias y técnicos judiciales han sido demoledores: varios coincidieron en que Mazón nunca llegó a asumir el mando operativo en los momentos críticos y que la alerta masiva se envió “cinco horas tarde”, cuando ya había muertos y gente atrapada. Un informe judicial califica la respuesta de “notablemente tardía y errónea”, y recuerda que la Generalitat ignoró avisos clave de Aemet desde primera hora de la tarde.
A pesar de estas denuncias y de que miles de ciudadanos —más de 5.000 según fuentes oficiales— saliesen a la calle en repetidas ocasiones para pedir su dimisión, Mazón no solo mantiene el cargo, sino que lo hace rodeado de un clima de desconfianza social. Su imagen pública se ve empañada por la percepción de que prioriza blindarse económicamente antes que afrontar la responsabilidad política y moral por una de las peores crisis de la historia reciente valenciana.
Desde la oposición, los reproches no han tardado en llegar. Compromís ya ha registrado una iniciativa legislativa para eliminar este tipo de privilegios automáticos, una propuesta que ha abierto un nuevo frente político en Les Corts. Su portavoz, Joan Baldoví, ha sido tajante: “No puede ser que alguien tenga garantizada una paga pública por el simple hecho de aguantar en el cargo dos años. Esto no lo entiende nadie”. El PSPV-PSOE también ha mostrado su disposición a apoyar una revisión normativa que limite estas asignaciones.
Pero el debate ha traspasado los muros del parlamento. En redes sociales y medios de comunicación, muchos ciudadanos se preguntan si este tipo de medidas responden a una lógica institucional o, más bien, a una vieja cultura de privilegios que resiste el paso del tiempo. Y el caso de Mazón ha encendido todas las alarmas: no sólo por el momento en el que se produce, sino por la imagen que proyecta.
Hace apenas unos meses, la Comunitat Valenciana se enfrentaba a las consecuencias devastadoras de una DANA, con municipios anegados, infraestructuras colapsadas y familias sin hogar. En ese contexto, el hecho de que el president esté más cerca de asegurar su renta de por vida que de resolver los problemas cotidianos de los valencianos ha sido interpretado por muchos como un gesto de desconexión con la realidad. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, que va más allá de lo legal y apunta al terreno de lo ético y lo político: ¿Debe un dirigente que ha sido duramente cuestionado por su gestión en una tragedia como la DANA acceder a una asignación vitalicia pagada con dinero público? Queremos conocer tu opinión.
