Mientras la Comunidad Valenciana sigue contando las heridas de la DANA de 2024 y miles de familias esperan la reconstrucción prometida, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, encara un hito clave en lo personal: el 13 de julio cumplirá dos años en el cargo, lo que le garantizará el derecho a una asignación vitalicia como expresident. La coincidencia de fechas y circunstancias no ha pasado desapercibida para la oposición y para quienes cuestionan el coste de estos privilegios en plena crisis.
La Ley 6/2002, que regula el estatuto de los expresidentes de la Generalitat, establece que quienes alcancen al menos dos años en el cargo tienen derecho a integrarse en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), con una remuneración equivalente al sueldo que percibían como president. Para Mazón, eso supondrá unos 75.000 euros anuales durante un periodo igual al de su mandato, si este fuera incompleto, o durante 15 años en caso de completar la legislatura. Un beneficio que el propio Consell justificaba hace dos décadas como un reconocimiento institucional, pero que hoy es objeto de debate social y político.
La perspectiva de esta “paguita”, como la han bautizado sus detractores, se cierne sobre un gobierno que atraviesa uno de sus momentos más complicados. Mazón llegó al poder en 2023 gracias a un pacto entre el Partido Popular y Vox, pero ese acuerdo saltó por los aires un año después, cuando la formación de ultraderecha decidió abandonar el Consell. Desde entonces, el PP gobierna en minoría, con 40 escaños de los 99 de Les Corts, y depende de los votos de Vox para sacar adelante cualquier iniciativa.
La DANA, origen del hundimiento político de Mazón
El desgaste de Mazón se aceleró tras el paso de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Las lluvias torrenciales dejaron 228 muertos, decenas de miles de damnificados y una gestión que fue calificada por una jueza como de “gravísima inactividad con resultado mortal”. La supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, uno de los primeros actos del nuevo Consell al considerar que era un “chiringuito” del gobierno anterior, se convirtió en un símbolo de la desprotección institucional ante el desastre.
Ocho meses después, la reconstrucción avanza a paso lento y el malestar ciudadano se traduce en continuas manifestaciones. Más de 200 colectivos vecinales y sociales han exigido en las calles la dimisión del president y la asunción de responsabilidades. Las encuestas reflejan ese hartazgo: un sondeo reciente de Prensa Ibérica revelaba que ocho de cada diez valencianos creen que Mazón debería dejar el cargo, y nueve de cada diez rechazan que vuelva a presentarse en 2027.
La oposición acusa al president de estar más pendiente de consolidar su derecho al sueldo público como expresident que de responder a las necesidades de la población. “Mazón no gobierna, resiste. Y lo hace con la vista puesta en el 13 de julio para asegurarse su paguita. Es indecente”, denunció recientemente Joan Baldoví, síndic de Compromís. El grupo valencianista ha registrado una iniciativa en Les Corts para reformar la ley que ampara estos privilegios, proponiendo la supresión del estatus de miembro nato del CJC para los expresidentes. “La sociedad no entiende ni acepta que premiemos con un sueldo público a quien ha fracasado en proteger a su gente”, añadió Baldoví.
El PSPV-PSOE comparte ese diagnóstico. Sus portavoces insisten en que Mazón ha priorizado su supervivencia política y económica sobre la reconstrucción y el bienestar de la ciudadanía. “Está más centrado en blindar su jubilación dorada que en atender a las comarcas que siguen esperando las ayudas”, aseguran desde el grupo socialista. Incluso desde el Gobierno central se han lanzado reproches. La ministra portavoz, Pilar Alegría, calificó de “muy poco decente” que el president aluda a la reconstrucción mientras lo que, a su juicio, le preocupa es su asignación como expresident.
En defensa propia, Mazón sostiene que su única prioridad es sacar adelante los proyectos necesarios para la Comunidad Valenciana. Asegura que el calendario es irrelevante y que ni se plantea abandonar el cargo. Sin embargo, el hecho de que el 13 de julio marque el umbral del derecho a la retribución pública alimenta las suspicacias. Analistas y opositores coinciden en que el president podría estar resistiendo hasta esa fecha para, después, abrir la puerta a una dimisión estratégica que facilite un relevo en el PP valenciano, sin renunciar a la compensación económica.
Mientras tanto, la acción de gobierno sigue condicionada por su dependencia de Vox. Aunque la extrema derecha rompió el pacto de coalición, sigue permitiendo al PP sostenerse. Gracias a sus votos, Mazón superó en febrero una moción de censura y aprobó los Presupuestos de 2025, presentados como los de la reconstrucción, pero criticados por la oposición como un precio político pagado a Vox, que impuso su sello en materia de inmigración, memoria democrática o política lingüística.
