La tregua política que durante unos días pareció abrir la visita del Papa León XIV a España ya forma parte del pasado. El llamamiento del Pontífice a la moderación, al diálogo y al cuidado de las palabras apenas sobrevivió unas horas en una política española cada vez más condicionada por los tribunales. Y en ese nuevo escenario, el Partido Popular ha decidido concentrar buena parte de su estrategia de oposición en una dirección muy concreta: la judicial.
La sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados volvió a demostrarlo. Alberto Núñez Feijóo aprovechó su cara a cara con Pedro Sánchez para reactivar la ofensiva política contra el Ejecutivo utilizando como argumento central las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Lo hizo recurriendo a las siglas "P. S.", anotadas por Leire Díez en varias reuniones de su agenda y convertidas ya en una nueva pieza del relato político impulsado por la oposición.
La respuesta del presidente del Gobierno fue inmediata. "Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy", replicó Sánchez, rescatando uno de los episodios más conocidos de la corrupción que golpeó al Partido Popular durante la pasada década.
Sin embargo, lejos de incomodar a Génova, la contestación presidencial confirmó el escenario que buscaban los populares. En el Partido Popular consideran que la comparación entre los escándalos del pasado y las investigaciones actuales beneficia precisamente a la oposición. La estrategia pasa por situar permanentemente el foco sobre las causas judiciales que afectan a personas cercanas al presidente, desde su esposa, Begoña Gómez, hasta su hermano David Sánchez o el exministro José Luis Ábalos.
En privado, dirigentes populares admiten que el principal terreno de desgaste para el Gobierno ya no es el parlamentario. Tampoco el económico. Ni siquiera el territorial. Es el judicial. Y por ello han convertido cada novedad procesal en un nuevo argumento político.
La Audiencia Nacional amplía la presión sobre el entorno socialista
La ofensiva parlamentaria coincidió además con un movimiento de gran impacto en la Audiencia Nacional. Las acusaciones populares personadas en el caso Plus Ultra, coordinadas por el Partido Popular, solicitaron al juez José Luis Calama la imputación de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La petición representa un salto cualitativo en una investigación que ya había situado al expresidente socialista en el centro de la causa y que ahora amplía el foco hacia su entorno familiar.
Según el escrito remitido al magistrado, ambas participaron como administradoras y socias de la empresa What The Fav, una sociedad que el propio instructor definió anteriormente como un supuesto "elemento finalista del entramado" y un centro de redistribución económica dentro de la estructura investigada.
Las acusaciones sostienen además que las dos hijas de Zapatero percibieron ingresos próximos a los 250.000 y 200.000 euros, respectivamente, en cuentas en las que el expresidente figuraba como autorizado.
El documento incorpora también referencias a la declaración que Rodríguez Zapatero realizó en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde reconoció que la incorporación de sus hijas al proyecto empresarial formó parte de un acuerdo con Julio Martínez, presidente de Plus Ultra y también investigado en la causa.
Ábalos y Koldo siguen en el punto de mira
La solicitud presentada ante la Audiencia Nacional no se limita al entorno del expresidente socialista.
Las acusaciones populares reclaman igualmente la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de quien fuera su principal colaborador, Koldo García.
A juicio de los denunciantes, las comunicaciones intervenidas muestran que la dirección de Plus Ultra desarrolló una estrategia específica para acceder a Ábalos y lograr influencia dentro del Gobierno durante el proceso que desembocó en el rescate público de la aerolínea.
Respecto a Koldo García, el escrito lo sitúa como una figura clave dentro de la denominada "vía Ábalos", actuando como intermediario entre la compañía y el Ministerio de Transportes y facilitando información sobre las gestiones realizadas por distintos actores implicados.
La petición incluye además la comparecencia como testigo del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura y la citación de más de una decena de personas vinculadas al procedimiento.
El Gobierno resiste, pero aumentan las grietas
La acumulación de frentes judiciales llega en un momento especialmente complejo para el Ejecutivo. En las próximas semanas coincidirán varias comparecencias judiciales relevantes y nuevas decisiones de los tribunales que mantienen la presión sobre La Moncloa.
Entre ellas destaca la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado y otros procedimientos que afectan al entorno político del PSOE.
La estrategia del Partido Popular consiste precisamente en mantener viva esa presión. En Génova consideran que el desgaste institucional y reputacional derivado de las investigaciones puede resultar más eficaz que cualquier iniciativa parlamentaria para erosionar la figura de Sánchez.
Mientras tanto, algunos socios de investidura comienzan a mostrar señales de inquietud. El Partido Nacionalista Vasco y Junts han expresado públicamente sus dudas sobre la situación política, aunque ninguno contempla por ahora apoyar una moción de censura. La mayoría parlamentaria sigue intacta, pero las tensiones son cada vez más visibles.
Las palabras pronunciadas este miércoles por Gabriel Rufián reflejaron ese estado de ánimo. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados reconoció que la izquierda debe aprovechar el tiempo que le queda al frente del Gobierno y volvió a reclamar una profunda reorganización del espacio progresista.
La batalla política se traslada a los juzgados
La legislatura entra así en una nueva fase. Mientras el Gobierno intenta preservar la estabilidad parlamentaria y defender la presunción de inocencia de las personas investigadas, el Partido Popular ha decidido convertir cada avance judicial en una pieza de su estrategia de oposición.
La batalla ya no se libra únicamente en el hemiciclo. Tampoco exclusivamente en los medios de comunicación. Cada auto judicial, cada citación y cada nueva diligencia se han convertido en munición política.
Por eso, mientras Sánchez conserva los apoyos necesarios para seguir gobernando, el Partido Popular parece haber encontrado su principal vía para desgastar al Ejecutivo: esperar a los tribunales y convertir sus movimientos en el eje central de la confrontación política.
La oposición parlamentaria continúa en el Congreso. Pero la oposición efectiva, a ojos de Génova, se juega cada vez más en los juzgados.
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