La Fiscalía General del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por el fraude fiscal de 350.910 euros. La noticia no cayó bien en la Puerta del Sol, donde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tardó en afilar sus cuchillos para devolver el ataque. Fue a golpe de tuit, como siempre, con la firma del jefe de Gabinete de la baronesa conservadora, Miguel Ángel Rodríguez, que señaló directamente a Pedro Sánchez por actuar “a la desesperada”. De hecho, al margen de su clásico “p’alante’, auguró “cárcel” para Álvaro García Ortiz, así como para Begoña Gómez, a quien se refiere como “la de las saunas”.
“Van tós p’alante, se pongan como se pongan”. Con esas palabras concluía Miguel Ángel Rodríguez su tuit de venganza personal contra el fiscal general del Estado y el Ministerio Público por requerir tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador por defraudar 350.910 euros. Una información que avanzaba El País a última hora de la noche del miércoles y que pivotaba sobre el escrito de acusación de la Fiscalía previo a que el novio de Ayuso se siente en el banquillo de los acusados por fraude fiscal a través de una maraña de facturas falsas entre 2020 y 2021.
A Miguel Ángel Rodríguez le debió doler tal publicación, pues pocos instantes después publicaba el citado tuit “a la desesperada”. O al menos ese estado le atribuía al presidente del Gobierno, máxime cuando cree a pies juntillas que el que “terminará en la cárcel” será el fiscal general del Estado. “Y ella… La de las saunas… Van t'os p'alante, se pongan como se pongan”, remató el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Caso de González Amador
En concreto, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid solicita que Alberto González Amador sea condenado por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Así, solicita dos años y un día de prisión por la cantidad defraudada en 2020, y un año y nueve meses por lo correspondiente a 2021. En el escrito, el Ministerio Público marca también como posible atenuante la consideración de que el daño está ya reparado, puesto que González Amador ingresó ya la cantidad presuntamente defraudada.
Según argumentan la Fiscalía y la juez que le investiga, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, el empresario usó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y, en la práctica, reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. Entre 2020 y 2021, según la Fiscalía, dejó de ingresar en total más de 350.910 euros, superando el umbral del delito fiscal en ambos cursos.
El origen de esta causa fue un informe de la Agencia Tributaria, que indicó que la crisis sanitaria del coronavirus, a partir de 2020, "supuso una oportunidad de negocio" para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL. El empresario intermedió en la compraventa de material sanitario, cuya actividad "dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el Impuesto de Sociedades”.
Además, González Amador también está imputado en otra pieza del caso, ya que está siendo investigado sobre si ejecutó un “soborno” a un directivo al comprar una sociedad de su mujer a un precio muy superior al mercado. Así, también se le está investigando por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.
