El Partido Popular pagó a Equipo Económico, la consultora que fundó Cristóbal Montoro y que tenía relación directa con el Ministerio de Hacienda. ElPlural ha tenido acceso a la contabilidad elaborada por Génova 13 en la que constan al menos dos pagos a la empresa de la trama corrupta del ‘caso Montoro’. En concreto, los populares abonaron 7.080 euros en 2010 y 21.240 euros en 2011 a la polémica consultora. Casi 30.000 euros sin justificar al polémico bufete del que todos sus socios han terminado imputados, incluido el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y otros altos cargos del Ministerio durante la época de Mariano Rajoy.
Una cuantía difícil de explicar puesto que es extraño que un partido político contrate los servicios de un despacho cuya actividad principal supuestamente era la de beneficiar a empresas gasísticas o del juego mediante cambios legislativos.
Equipo Económico, bajo la sombra del poder
Y es que Equipo Económico no es simplemente un despacho de asesoría fiscal y financiera. Es, según las investigaciones judiciales, una sofisticada red de influencias políticas, favores institucionales y contratos públicos adjudicados bajo la sombra del poder. Fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el bufete ha sido el epicentro de una trama que conecta a empresas privadas con decisiones ministeriales clave, en un juego donde el interés público parece haber sido lo último en la lista de prioridades.
Equipo Económico ha operado con una apariencia de solvencia técnica que les ha permitido facturar más de 70 millones de euros en menos de dos décadas. Sin embargo, según el Registro Mercantil, sus beneficios declarados apenas superan los 2,5 millones, lo que ha llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción y de jueces que hoy tienen a varios de sus socios, incluido el propio Montoro, imputados por corrupción y tráfico de influencias.
De despacho a lobbista gubernamental
El origen del despacho, bajo el nombre “Montoro y Asociados”, reunió a una nutrida plantilla de ex altos cargos del Gobierno de Aznar: Luis de Guindos, Salvador Ruiz Gallud, José Folgado, y el propio Rafael Catalá, quien más tarde sería ministro de Justicia con Rajoy. A pesar de que Montoro afirma haberse desvinculado de la firma en 2008, los hechos narran una historia distinta. Varios de sus colaboradores más cercanos ocuparon puestos clave en el Ministerio de Hacienda durante su mandato, lo que facilitó, según la acusación, que Equipo Económico operara como consultora paralela con acceso privilegiado a la administración.
Los Mossos d’Esquadra, en un informe reciente, revelan que el bufete habría influido en reformas legislativas en favor de empresas privadas a cambio de pagos millonarios, especialmente en sectores como el del gas y el juego. Una de estas empresas fue Codere, la multinacional de apuestas que contrató a Equipo Económico para que impulsara, entre 2008 y 2012, una regulación del juego online favorable a sus intereses. Los pagos alcanzaron los 679.000 euros, y el intermediario fue, una vez más, Rafael Catalá, ex subsecretario de Hacienda con Montoro.
No solo grandes multinacionales han financiado a Equipo Económico. Tal y como ha desvelado ElPlural.com, entre 2008 y 2011, Madrid Network, una entidad financiada por la Comunidad de Madrid y dirigida por Antonio Beteta —subordinado de Montoro en varias etapas— adjudicó sin licitación clara 1,8 millones de euros al despacho. Curiosamente, Isabel Díaz Ayuso, hoy presidenta madrileña, trabajaba entonces en ese organismo y percibía un salario público de más de 4.000 euros mensuales. Años después, su Gobierno ha seguido contratando servicios de Equipo Económico por medio de convenios con la patronal CEIM.
Lo cierto es que el ‘caso Montoro', que ya ha llevado a la imputación del exministro, describe un modus operandi que va más allá del tráfico de influencias. La fiscal del caso acusa al bufete de usar a sus contactos institucionales para modificar normativas en favor de sus clientes, como ocurrió con la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). La presencia de antiguos altos cargos en el despacho —como Salvador Ruiz Gallud (exdirector de la Agencia Tributaria), Manuel de Vicente Tutor (hoy presidente de Global Afteli), y el propio Felipe Martínez Rico, hermano del CEO del despacho y exjefe de gabinete de Montoro— refuerza esta acusación.
