La actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) durante la investigación del caso de corrupción que afecta al que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el Gobierno de Mariano Rajoy no solo está generando suspicacias con la revelación pública de la causa. Ya en junio de 2024, la fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdá, se vio obligada a acudir al juez instructor para que instase a los agentes especializados a acometer los trabajos pertinentes para avanzar en la investigación.
La información revelada por Público apunta que la fiscal remitió un escrito al juez para que, “CON CARÁCTER URGENTE”, tres palabras que reflejó a conciencia en letras mayúsculas, requiriese a la UCO que procediese a “iniciar el análisis de cuentas bancarias interesado en la causa” y emitiese “un informe de avance". El malestar de la representante del Ministerio Fiscal con la operativa de la Guardia Civil queda reflejado con claridad en las dos páginas enviadas al juzgado y que el instructor atendió.
En el momento del envío había transcurrido casi medio año desde que la información fue solicitada por el juez a los bancos, tiempo que García Cerdá consideraba más que suficiente como para que la UCO hubiese realizado algún avance. Sin embargo, este no se había producido al justificar el comandante al mando de la operación, según traslada la fiscal al juez, que estaban esperando a recibir la totalidad de la información.
"Ha informado a esta Fiscalía”, se refiere a la respuesta dada por la UCO, “de que, de los 339 productos bancarios solicitados solamente les faltan 18 por recibir. También comunica que no han iniciado, pese a contar ya con 321 cuentas de distintas personas físicas y jurídicas investigadas en la causa, el estudio de trazabilidad de las mismas", denuncia García Cerdá. Unos días después de recibir el escrito, concretamente el 2 de julio, el instructor atendió la reclamación y se dirigió a la Guardia Civil.
La providencia dictada ordenaba a la UCO a que, “en el plazo más breves posible”, enviase un “informe referido al análisis de cuentas bancarias acordado en resolución de 23 de octubre de 2023, remitiendo, en su caso, un informe de avance de lo analizado hasta ahora”. Debido a que la información en manos de las partes presentadas en la causa solo llega hasta julio de 2024, se desconoce cuanto tiempo tardaron en cumplir los agentes un trabajo que ya les había sido encomendado con anterioridad.
El proceso se remonta dos años atrás
Pese a que el escrito remitido por la fiscal y al que atendió el juez instructor están fechados en el verano de 2024, dos años antes ya se había producido la solicitud de los datos bancarios. En detalle, en mayo de 2022, fue la propia UCO la que instó a emitir una orden judicial dirigida a 15 entidades bancarias para solicitarles la citada información de 26 personas y empresas investigadas en la trama tras haber detectado "la existencia de un flujo de dinero de Equipo Económico (despacho fundado por Montoro) con países extranjeros".
"Se desconocen las relaciones contractuales que justificaron los pagos y cobros realizados, motivo por el que, tal y como se ha venido apuntando, a juicio policial se estima necesario poder acceder a toda aquella información que permita esclarecer cuál fue la verdadera procedencia y destino final de los fondos canalizados a través del despacho, de los socios y de sus empresas, toda vez que en este momento de la investigación no se dispone de datos suficientes para seguir la trazabilidad del dinero una vez sale de Equipo Económico", recoge el informe de la UCO.
En aquel momento, la Fiscalía consideró que era demasiado pronto para realizar estos trabajos, dado que se "podría comprometer el buen fin de la investigación", y no fue hasta octubre de 2023 que el juez ordenó la investigación bancaria, siguiendo una vez más lo reclamado por la fiscal y tras haber sido revelada la investigación en medio de comunicación.
