Cuando no se cumple todavía una semana de la imputación del exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro por haber liderado una “organización” para traficar con leyes a cambio de beneficios económicos y a medida que se van conociendo nuevas informaciones, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados un total de 64 preguntas dirigidas a diferentes ministerios del Gobierno para recabar información sobre los contratos que firmaron Koldo, Ábalos y Cerdán con hasta 13 carteras del Ejecutivo.
En el escrito compartido por los populares, alegan que otro de los objetivos de las preguntas registradas es el de conocer si se hizo uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencias para financiar esos contratos. “El Partido Popular recuerda que, en el marco de las investigaciones judiciales sobre la trama corrupta liderada por Santos Cerdán y Ábalos, que afecta a altos cargos del PSOE y a empresas vinculadas en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia y en años posteriores, se ha conocido la posible existencia de una red organizada que habría derivado en un uso indebido de fondos públicos”, sostienen.
Bajo este telón, los ministerios a los que van dirigidas las preguntas son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación, Formación y Deportes, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Juventud, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad. Al margen de estos, desde el Grupo Parlamentario Popular se ha instado al resto de ministerios presuntamente implicados en el amaño de contratos que aporten información sobre el nombre de la empresa, razón social, tipo de procedimiento utilizado, entidad encargada de su tramitación y el estado actual del expediente.
Algunas de las preguntas que se han registrado son las siguientes: “¿Puede el Gobierno detallar si alguna de las empresas presuntamente implicadas en la denominada "trama Koldo-Ábalos-Cerdán" ha resultado adjudicataria, directa o indirectamente, con contratos u otras ayudas financiadas total o parcialmente con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), en el ámbito del Ministerio de Transportes y sus entes dependientes (Dirección General de Carreteras, Adif, Renfe, Puertos del Estado, etc.), así como las posibles modificaciones?”, "¿Se ha iniciado algún procedimiento de revisión, suspensión o control específico sobre dichos expedientes tras conocerse los hechos investigados por la Guardia Civil?”, “¿Se le ha comunicado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa responsable de la gestión de dichos fondos? ¿Se ha dado traslado directamente a la Comisión europea o a la Fiscalía europea?”.
Reformas de leyes para beneficio económico
Sin embargo, lo cierto es que estas preguntas tras el caso Cerdán planteadas por el PP se han registrado en pleno escándalo de corrupción por parte de quien fuera ministro de Hacienda y Función Pública en el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado miércoles un juez de Tarragona ordenaba la imputación de Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasistas, eléctricas y de energía renovable cuando lideraba el Ministerio
La investigación comenzó a raíz de un correo electrónico entre dos altos directivos de la gasista Messer Ibérica, Rubén Folgado y Karl Hauck, en el que hablaban de la vía para influir en el Congreso de los Diputados para reformar una ley que les reportara beneficios fiscales. Así se señala en el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso ElPlural.com. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”, afirma Folgado, en un mensaje fechado el 5 de diciembre de 2013. Ante esta afirmación, el juez señala que “denota” que pagar a Equipo Económico, empresa vinculada con Montoro y otros cargos del ministerio- “podría haber sido algo habitual y conocido” para obtener una contrapartida.
En otro mensaje, Folgado informa a Hauck de la “estrategia” de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) para “intentar conseguir una rebaja del 85% del impuesto eléctrico”, después de que no hayan sido incluidos como sector electrointensivo en la trasposición de una Directiva Europea. “Utilizando mi cargo de presidente de la Comisión de Energía de AEQT [la asociación de empresas químicas de Tarragona] he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector pero esto llevará tiempo”, señaló el director general de Messer Ibérica, para luego introducir la opción de Equipo Económico.
Al hilo de todo ello, el sumario revela esta supuesta red de influencias que ha provocado la imputación del exministro, de su secretario de Estado, de dos subsecretarios de Estado, dos directores generales de tributos, un asesor y un jefe de gabinete y hasta el director general de la AEAT, entre otras personas físicas y jurídicas.
Con todo ello, la policía judicial en la causa, los Mossos D’Esquadra, revela que las cinco empresas gasistas implicadas obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico en 2014. Bonificación a la que no podían acceder porque una directiva europea ya transpuesta entonces impedía la rebaja. No obstante, obtuvieron esta rebaja abonando a Equipo Económico un total de 270.000 euros.
