Durante la preparación de los planes de recuperación tras la pandemia de Covid-19, el Gobierno gallego decidió a finales de 2020 que durante el 2021 algunas empresas de juego como casas de apuestas estarían eximidas de pagar todos los impuestos con el fin de “mitigar los efectos” de la pandemia. Los cálculos estimaron que la Xunta perdería en torno a 3.665.000 euros de recaudación fiscal, algo que la dirección gubernamental del Partido Popular gallego pareció ignorar, o al menos, evitar prestar atención. Sin embargo, ahora, el Consello de Contas (Tribunal de Cuentas de la autonomía) ha podido confirmar que la cifra era errónea, ascendiendo varios millones. En concreto, la rebaja fiscal a las casas de apuestas y demás locales de juego supuso una pérdida de 5.364.000 euros, casi dos millones más de lo que se esperaba.
El Gobierno del entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, justificó esta rebaja fiscal que introdujo en los presupuestos de 2021 a los salones de juego, casinos, bingos y máquinas automáticas alegando que era necesario “establecer un beneficio fiscal que contribuyera a la situación provocada en este sector para paliar los efectos de la pandemia en 2020”.
Desde el Gobierno gallego se calculó un impacto fiscal inicial de unos 3.665.000 euros, una cifra que llegó a aparecer en un informe especifico que fue enviado a una comisión de estudio en el Parlamento gallego sobre la reforma de la financiación para la región. Por si eso fuera poco, esta misma comisión llegó a exigir al Estado a aumentar la corriente económica que llegaba a las arcas autonómicas.
En el informe anual del Consello de Contas ha revelado por primera vez los números de la Xunta correspondientes a 2021, año en el que se comenzó a aplicar la rebaja fiscal a las empresas del sector del juego. El organismo financiero ha podido constatar que, en contraposición a los 3.7 millones de euros que la Xunta preveía en pérdidas, el coste “real” de esta exención de impuestos ha sido mucho mayor, en concreto 1.7 millones de euros de los que las arcas públicas de la autonomía se vieron desprovistos. Todo ello, mientras la Xunta solicitaba al Ejecutivo central una mayor financiación.
A pesar de que la medida que permitía a las empresas de juego pagar menos impuestos se hizo con el objetivo de paliar los “efectos que tuvo la pandemia en 2020”, dos años después, en 2022, está rebaja fiscal volvió a aprobarse manteniendo la bonificación para las máquinas de juego. Para 2023, la medida volvió a reformularse, aunque esta vez centrándose en el juego del bingo. De nuevo, este año, el PP gallego con Alfonso Rueda al frente ha vuelto a defender la rebaja fiscal, argumentando que el sector se encuentra “en fuerte descenso” y “a punto de desaparecer”. Cabe a recordar, que el sector que Rueda asegura que está desapareciendo, no tuvo ninguna restricción durante la pandemia, consecuencia por la cual se defienden estas múltiples rebajas.
En el informe anual del Consello de Contas, no solo se hace hincapié en la diferencia entre lo supuesto y lo real que acabó por abonar en las cuentas de la Xunta tras la rebaja fiscal, sino que pone de manifiesto los numerosos efectos que han traído las rebajas fiscales del Gobierno popular gallego durante los últimos años en diferentes sectores. El órgano económico gallego sentencia que hay una “ausencia” de asociación entre los beneficios fiscales y algunas políticas de gasto al igual que una falta de “indicadores u objetivos que permitan evaluar su eficacia y eficiencia de forma continuada en el tiempo”.
