El Gobierno de coalición ha dado un paso histórico al activar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma heredada directamente del franquismo —fue aprobada en 1968— y que ha permanecido vigente en España durante más de medio siglo. Esta reforma, impulsada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lleva por nombre Ley de Información Clasificada y se presentará en el Consejo de Ministros este martes. Su objetivo es claro: sustituir por completo una legislación obsoleta y opaca, y alinear al país con los estándares democráticos de transparencia exigidos en la Unión Europea y la OTAN.
La sustitución de la ley de secretos oficiales, reclamada durante años por numerosos socios parlamentarios del Ejecutivo —entre ellos, EH Bildu o Esquerra Republicana—, se vio frustrada en la pasada legislatura debido al adelanto electoral. Ahora, el Ejecutivo retoma esta tarea pendiente con un anteproyecto más ambicioso que las versiones anteriores. El texto contempla no solo una nueva clasificación para los secretos, sino también una serie de plazos que permitirán su desclasificación progresiva y automática.
Una de las medidas estrella es la desclasificación de todos los documentos anteriores a 1981, lo que abriría al escrutinio público todo lo relativo al franquismo y a la Transición. Además, se establece que cualquier documento clasificado hace 45 años o más se desclasificará de forma automática. A partir de ahí, el tiempo de ocultamiento variará en función del nivel de secreto: los documentos considerados como “alto secreto” podrán permanecer ocultos hasta 60 años, cinco menos de lo previsto en la propuesta frustrada de la legislatura pasada; los considerados como “secreto” lo estarán durante un máximo de 45 años; los “confidenciales”, entre 7 y 9 años; y los “restringidos”, entre 4 y 5 años.
Estos plazos, no obstante, podrán ampliarse si se justifica que su revelación continuaría poniendo en riesgo el interés general. En tal caso, las prórrogas se revisarán anualmente. Ahora bien, el anteproyecto introduce un matiz clave: ninguna información que aluda a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad podrá clasificarse bajo ningún concepto. Este punto busca evitar que el aparato estatal use la ley para ocultar delitos que debieran ser objeto de reparación o justicia.
La ley también incorpora un régimen sancionador para quienes divulguen información clasificada sin autorización. Las sanciones económicas van desde los 30.000 euros, en los casos menos graves, hasta los 2,5 millones de euros si se trata de secretos o altos secretos. Aunque se deja la puerta abierta a la imposición de sanciones penales, el texto subraya que se respetará el derecho a la libertad de información, reconociendo el posible conflicto con el ejercicio del periodismo. Aun así, la norma establece que afectará a toda persona física o jurídica implicada en la divulgación indebida de secretos oficiales.
De igual manera, cualquier persona que pueda demostrar un interés profesional o legítimo en un documento podrá solicitar su desclasificación ante la autoridad competente. Además, la custodia de los secretos dejará de estar en manos del CNI para trasladarse al Ministerio de la Presidencia, que asumirá la condición de Autoridad Nacional de Información Clasificada.
Esta iniciativa ha generado un amplio debate político y social: mientras unos la consideran un acto necesario para cerrar heridas y avanzar en la memoria democrática, otros alertan sobre los riesgos de desvelar determinados documentos que podrían comprometer intereses estratégicos o institucionales del Estado. También hay quien cuestiona el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de ciertos datos sensibles. En este contexto, queremos conocer tu opinión. ¿Cómo valoras la medida del Gobierno de descalificar los secretos del franquismo?
