La Xunta de Galicia, durante los años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo, abonó 172.838 euros a Equipo Económico, la consultora fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, hoy investigada judicialmente por haber operado presuntamente como “correa de transmisión” entre grandes empresas y el Ministerio para redactar leyes a medida. Así lo revela un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario de la causa, al que ha tenido acceso elEconomista.es.
El pago, que abarca el periodo entre 2008 y 2019, coincide casi por completo con la presidencia de Feijóo en la Xunta. Aunque el informe no detalla el año exacto en que se produjo la transferencia, desde la Consellería de Facenda han confirmado que se trató de “distintos contratos realizados entre los años 2009 y 2011”, destinados a la elaboración de informes en materia financiero-fiscal relacionados con las cuentas autonómicas.
Sin embargo, según los expertos consultados, la ausencia de ese pago en la declaración de la Xunta ante Hacienda podría suponer una posible omisión fiscal, ya que el informe únicamente recoge el ingreso desde el punto de vista de la consultora. De hecho, se trata de la única referencia directa a un gobierno autonómico que aparece en toda la documentación tributaria analizada.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Fuentes del PSOE han lanzado este jueves una batería de preguntas directas al líder del PP: “¿Por qué pagó Feijóo a Equipo Económico desde la Xunta de Galicia?”. En un comunicado difundido en redes sociales, los socialistas exigen al presidente popular que “detalle de manera urgente los servicios contratados”, incluyendo las facturas, conceptos, y si las gestiones incluían propuestas de cambios legislativos favorables para intereses concretos. "Es necesario conocer las facturas, los conceptos y si se trataba de gestiones en las que también se indicaba el cambio de legislación y, de ser así, para quien era favorable", subrayan.
A juicio del PSOE, lo conocido hasta ahora apunta a un escándalo de proporciones aún desconocidas: “Es muy probable que nos encontremos, por los indicios judiciales que hemos podido ver, ante el peor caso de corrupción de la democracia. La venta del BOE al mejor postor, las leyes a la carta, exigen de Feijóo, ahora que se conocen estos datos, una explicación inmediata”.
Además del caso gallego, el sumario refleja pagos de otras comunidades. La Comunidad de Canarias aparece como origen de otro ingreso de 97.500 euros a la consultora de Montoro, aunque en este caso sí figura como declarado por el gobierno autonómico. Tanto Galicia como Canarias expresaron en su momento críticas al anteproyecto de ley que modificaba los impuestos especiales, al considerar que perjudicaba la recaudación autonómica —algo que ahora vuelve a la palestra judicial.
También la Comunidad de Madrid figura en la investigación: según el sumario, pagó 314.360 euros directamente a Equipo Económico. A ello se suman 1,8 millones de euros procedentes de Madrid Network, una sociedad pública que entonces presidía Antonio Beteta, exconsejero de Economía con Esperanza Aguirre y secretario de Estado de Administraciones Públicas con Montoro. La relación se rompió tras la salida de Beteta, pero los pagos quedaron registrados en contratos por asesoramiento en I+D+i.
La instrucción judicial del llamado caso Montoro, que se remonta a una denuncia anónima en 2018, mantiene imputadas a 28 personas físicas y seis sociedades mercantiles. Según el juez, Montoro habría desempeñado un “rol nuclear” en una trama para favorecer intereses privados desde el poder público, utilizando su despacho como herramienta para influir en la redacción de leyes, según revelan informes de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la propia Agencia Tributaria.
La implicación de la Xunta y el silencio mantenido hasta ahora por Núñez Feijóo tensan aún más el caso. Desde el PSOE insisten: “Feijóo debe dar la cara. No puede seguir sin responder mientras cada semana aparecen nuevas piezas de este puzle de favores, despachos y contratos opacos con dinero público”.
El caso Montoro: 48 millones en comisiones y leyes “a la carta”
El caso Montoro, abierto inicialmente en 2018 tras el hallazgo de correos electrónicos en una empresa gasista, investiga una supuesta trama de beneficios fiscales a cambio de pagos. Según la UCO, los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria, el despacho Equipo Económico —fundado en 2006 por el exministro Cristóbal Montoro— habría canalizado comisiones por casi 48 millones de euros entre 2008 y 2017, cobradas por empresas energéticas y del sector industrial, a cambio de influir en reformas normativas favorables. El auto judicial describe a Montoro con un “rol nuclear”, usando su influencia para diseñar leyes “a la carta” —como la rebaja del Impuesto Eléctrico en 2013 o la de gasistas en 2018— que generaron reducciones fiscales valoradas en hasta 2.200 millones.
Para esclarecer este entramado, el juez Rubén Rus autorizó en diciembre de 2021 la intervención de teléfonos de cuatro miembros de Equipo Económico, entre ellos ex altos cargos de Hacienda, durante 42 días, registrando más de 5.400 comunicaciones. A pesar de que la Audiencia Provincial anuló la medida a petición de la Fiscalía, la documentación recopilada fue clave para la instrucción de la causa. Además, se han detectado estructuras opacas en forma de empresas pantalla y testaferros, utilizadas para desviar fondos a varios países y ocultar el control real sobre la consultora.
El sumario del juzgado de Tarragona, que mantiene imputados a 28 individuos y seis sociedades, contiene también evidencias de que la Agencia Tributaria, bajo la dirección de Montoro, vetó informes que señalaban posibles delitos fiscales cometidos por directivos de Equipo Económico. Pese a existir alertas internas en 2016-17, los casos fueron tramitados administrativamente, sin derivar en denuncia penal, lo que apunta a un posible encubrimiento institucional. Actualmente, la firma ha pedido la nulidad de la causa, alegando una investigación “desproporcionada y sin fundamento jurídico”.
