En el último Pleno de este 2025, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la subida del sueldo de los funcionarios públicos para este año y 2026, tal y como pactó el Ministerio de Función Pública de Óscar López con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. No obstante, durante la misma sesión parlamentaria, ha decaído por segunda vez la senda de déficit del Gobierno central, tal y como estaba previsto.
La Cámara Baja así lo ha declarado con respecto al salario de los trabajadores públicos con 309 votos a favor, entre ellos los del Partido Popular, y 32 de Vox en contra, más las siete abstenciones de Junts. A la contra, sobre la senda de déficit de la cartera de María Jesús Montero, PP, Vox y Junts han vuelto a unir fuerzas parlamentarias para hacer caer la propuesta.
Subida de sueldo de los funcionarios y con vistas al debate sobre el SMI
Con respecto al aumento del salario a los empleados públicos, la cartera ministerial de López alcanzó un acuerdo plurianual con los sindicatos con este incremento para lo que resta de 2025 y con vistas hasta 2028: en un 2,5% consolidable para 2025, un 1,5% para el año que viene que puede subir hasta un 2% en función de la inflación, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
Durante el debate de la iniciativa parlamentaria, el ministro ha hecho énfasis en que esta subida se aplicará a más de tres millones de empleados públicos de todas las administraciones del Estado: "Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad", ha subrayado López.
En el debate de la iniciativa, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG han avanzado su voto a favor de la convalidación, pero PP y Vox han arrojado un tono más crítico con el Ejecutivo, aunque los populares de Alberto Núñez Feijóo han terminado sumándose en positivo en la votación.
Este proceso, que supone una victoria parlamentaria para el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, coincide con la evolución del debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo. La CEOE propuso este martes aumentar el salario mínimo en un 1,5% más, un valor por debajo de la inflación actual, lo que se traduciría en 1.202 euros mensuales. En paralelo, los principales sindicatos propusieron un incremento del 7,5% al valor actual, es decir, 1.273 euros brutos al mes con 14 pagas y tributación en el IRPF.
Cae la senda de déficit por segunda vez
En segundo lugar, de la jornada parlamentaria de este jueves ha trascendido, a su vez, que los votos de PP, Vox, Junts y UPN han hecho caer de nuevo la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria después de que la iniciativa se presentara, en un primer momento, el pasado 27 de noviembre. De esta manera, no ha salido adelante el paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, aunque el Gobierno ha venido avanzando que presentará el proyecto de igual manera.
La senda fijaba una ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. No obstante, una vez rechazada, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que es la misma a nivel global, pero deja una décima menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una décima más al Estado.
Con esta negativa parlamentaria, las principales damnificadas serán las comunidades autónomas, puesto que deberán hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones de euros en capacidad de gasto.
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Ministerio que dirige María Jesús Montero. Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha (193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
