El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a dos importantes acuerdos en materia económico. Por un lado, el Gobierno insiste en la senda de déficit, paso previo para la aprobación de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que fue rechazada por el Congreso de los Diputados la pasada semana, debido al voto negativo de Junts. Por otro lado, la coalición ha aprobado la subida salarial del 11% para los funcionarios a lo largo de los próximos años, incluyendo el ascenso retroactivo de 2025.
Misma senda de déficit
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha estado presente en la rueda de prensa posterior al encuentro de ministros, pero ha impulsado la aprobación sin cambios de la misma senda de déficit que concede un margen de casi 5.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas (CCAA) para que puedan invertir más dinero a servicios públicos. Esta propuesta fue tumbada por el Partido Popular (PP), Vox y UPN gracias a la suma al bloque de los de Carles Pugidemont.
La propuesta ofrece a los territorios poder incurrir en un déficit del 0,1% del déficit durante los próximos tres años, mientras que el déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas se establecería en el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028, correspondiendo al Estado un porcentaje del 1,8%, 1,5% y 1,4% para los cursos sucesivos. "Hemos aprobado de nuevo los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas para el plazo 2026-2028, que son los mismo que ya aprobamos el 18 de noviembre y que volvemos a remitirlos de nuevo a las Cortes", ha explicado Pilar la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
De tumbar esta senda de nuevo, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas y más para la Administración Central. En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda en 2026 para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.
Subida salarial de los funcionarios
El Consejo de Ministros también ha aprobado lo acordado con UGT y CSIF, a la espera de si CCOO se suma, que contempla que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde el 1 de enero de 2026 un 1,5%. Además, de forma retroactiva se elevará un 2,5% el sueldo de este 2025. Estas subidas forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028, tal y como ha detallado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
En concreto, este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago, según ha precisado López, que ha explicado que para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.
En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. “Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio. (...) Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Las hay que lo van a hacer en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre", ha explicado el ministro.
