En una jornada de actividad parlamentaria frenética, el Gobierno central sella el cierre de ciclo en el Congreso de los Diputados sacando adelante cinco proyectos para finalizar este 2025, aunque con la caída, por segunda vez consecutiva, de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
Con el cierre final del Pleno de este jueves, el último antes de Navidad y de que acabe este año, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva consigo dos leyes de carácter social, así como tres decretos convalidados: la subida del salario a los funcionarios, otro para los afectados por el volcán de La Palma y el permiso a los ayuntamientos de toda España para usar el superávit presupuestario en inversiones sostenibles.
Las dos leyes, ambas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de Pablo Bustinduy, se refieren a, por un lado, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, de la que el Partido Popular y Vox se han abstenido, teniendo como únicos votos en negativo los de Junts. Por otro la, la ley de atención al cliente -pactada con los de Carles Puigdemont-, la cual establece medidas para garantizar que las empresas ofrezcan servicios en lenguas cooficiales, fin a las llamadas de spam y la renovación automática de las suscripciones en plataformas, la cual ahora está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la recta final de este 2025, el Ejecutivo central cierra un ciclo repleto de obstáculos parlamentarios a la hora de componer mayorías, más aún con la reciente ruptura de los neoconvergentes anunciada el pasado mes de noviembre, lo que no ha derivado, de momento, en que el conjunto del esquema haya sido positivo para el Gobierno con medio centenar de proyectos aprobados en lo que va de mandato de Sánchez en esta legislatura.
Tres decretos de calado
En cuanto a los decretos que han obtenido luz verde este jueves en la Cámara Baja, el primero de ellos contiene una lista de medidas y ayudas para los afectados por la erupción del volcán de La Palma en 2021 -desde rebajas fiscales del IRPF hasta subvenciones medioambientales-.
La segunda de ellas, la consolidación de la subida del salario a los funcionarios, pactado entre Gobierno y sindicatos en un acuerdo plurianual y con las siguientes evoluciones: en un 2,5% consolidable para 2025, un 1,5% para el año que viene que puede subir hasta un 2% en función de la inflación, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Un incremento que beneficiará a más de tres millones de empleados públicos.
En tercer lugar, la permisión a los ayuntamientos de todo el país para usar los superávits financieros en inversiones sostenibles.
Cae la senda de déficit, pero se mantiene el camino hacia los PGE
Quizás el varapalo más destacado para el Gobierno ha sido la caída, por segunda vez, de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad, paso previo a los Presupuestos para 2026, aunque previsible ante la negativa de apoyo de PP, Vox, Junts y UPN.
Pese a esta votación, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno seguirá adelante con la presentación de las cuentas públicas estatales para 2026, la cual contará con una base de senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas. "No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no", ha criticado.
La advertencia más plausible ha venido de la mano de los neoconvergentes, quienes han advertido, en voz del diputado Josep María Cruset, que “ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, reafirmando así su negativa para con el Ejecutivo de Sánchez.
La senda que ha rechazado el Congreso, y que supone el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, fija una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
Ahora, una vez rechazada la senda de déficit, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que es la misma a nivel global, pero deja una décima menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una décima más a la Administración Central.
Para las distintas comunidades autónomas, esto supondrá un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero. Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
