Una de las acusaciones principales que se ciernen sobre la Asamblea de la Comunidad de Madrid desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ossorio, una de las personas de máxima confianza de la presidenta, se sitúa al frente de la Cámara de la región es la censura a la que someten a los grupos parlamentarios.
La situación es de tal gravedad que Más Madrid ha elevado la cuestión a la Comisión de Venecia para que se pronuncie sobre el innumerable bloqueo de iniciativas, un modus operandi que se extiende a los vetos propiciados por el ex consejero de Educación de la Autonomía cuando una persona de otro partido que no es el PP incomoda a la derecha en las sesiones plenarias.
La formación que en la Asamblea capitanea Manuela Bergerot ha redactado un extenso informe recabando datos relativos a las prohibiciones emitidas por la administración de la Puerta del Sol desde que la actual baronesa ostenta el cargo. La censura sorprende, sobre todo, si se compara con la labor llevada a cabo por otras comunidades autónomas, incluso también gobernadas por el PP.
Muy lejos de Andalucía, Valencia, Murcia y Extremadura
En números concretos, la Comunidad de Madrid ha bloqueado 30 veces más iniciativas presentadas por la oposición que los gobiernos de Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), Carlos Mazón (Valencia) y María Guardiola (Extremadura).
El documento, al que ha tenido acceso de manera íntegra ElPlural.com, indica que la Asamblea madrileña ha inadmitido un total de 13.466 iniciativas de un total de 44.482, lo que supone un 30%. El número es abultado y habla por sí solo, pero recibe un peso aún mayor si se compara con las regiones anteriormente señaladas.
En este sentido, Andalucía ha inadmitido únicamente 548 iniciativas de un total de 57.729, o lo que es lo mismo, un 0,95%. El número baja hasta el 0% en el caso valenciano, dentro del apartado de Proposiciones No de Ley no admitidas; un 0,53% si se pone el foco en preguntas escritas (el gobierno de Mazón inadmitió 74 de 13.752). En lo que respecta a Extremadura el porcentaje crece, es cierto, pero se mantienen muy alejado del porcentaje de la capital (un 3,92% en cuanto a comparecencias vetadas y un 2,63% en lo que respecta a preguntas-respuestas escritas).
El partido a la izquierda del PSOE proyecta en el escrito su “preocupación” a raíz de las conclusiones extraídas tras recabar los datos con fecha de marzo de este mismo año. “El alto número de iniciativas rechazadas en la Asamblea de Madrid sugiere un uso extensivo de la facultad de inadmisión, lo que podría entrar en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)”, aclara.
“Si la Mesa ejerce su comparecencia de manera desproporcionada y sin motivación suficiente, se corre el riesgo de vulnerar el derecho de los representantes políticos a ejercer sus funciones, y, en consecuencia, el derecho a la ciudadanía a ser representada”, apuntala.
Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación, afea que Ayuso haya convertido el espacio ciudadano en un “órgano censor” que “básicamente está para impedir el trabajo de la oposición” y que en el parlamento madrileño no se hable de temas como las 7.291 víctimas de las residencias de mayores, el genocidio en Palestina o los negocios de Alberto González Amador. “(…) Es una excepción en España”, clarifica. Además, acentúa que la presidenta se salta la ley porque, según el TC y el reglamento de la propia Asamblea “solo pueden ser criterios formales” por los que se rechacen iniciativas de otros partidos.
La situación en el resto de los territorios
El estudio es una radiografía de otros territorios del Estado, de diferente color político. En Asturias, por ejemplo, donde gobierna el PSOE, se ha permitido todo lo que han propuesto los partidos; mientras que Murcia se mantiene igualmente muy por debajo de Madrid.
En el caso de la administración de Fernando López Miras ha impedido 64 de 870 mociones y Proposiciones No de Ley (PNL) -un 7,35%-; 11 sesiones informativas (3,33% del total) y un 2,13% de preguntas escritas o, lo que es lo mismo, una decena de 469.
Escapando al ámbito autonómico, en el Congreso, por su parte, se ha dado siempre luz verde a todo a excepción de 26 preguntas con respuesta escrita (0,12%), 16 preguntas orales al Gobierno en Comisión (1,56%) y 26 preguntas el Ejecutivo con respuesta escrita (0,12%).
En el Senado, la situación es igualmente halagüeña. La Cámara Alta solamente ha impedido una Proposición de Ley (PL), otra pregunta oral en Pleno, el 0,88% de iniciativas y un 0,91% de preguntas escritas.
