Hasta ahora, las reglas no escritas de la política española marcaban un límite claro: la vida privada no se toca. Esta semana, ese límite se ha roto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado una intervención sin precedentes en la que ha aludido a supuestos negocios del entorno familiar de Pedro Sánchez para atacarle en sede parlamentaria, generando una ola de indignación entre los grupos parlamentarios y reabriendo el debate sobre los límites éticos del discurso político.
Todo ocurrió durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, prevista para presentar nuevas medidas contra la corrupción. Sin embargo, el foco se desplazó radicalmente cuando Feijóo, en su turno de réplica, lanzó una acusación que desató el estupor: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted?”. La frase, cargada de intención, aludía a negocios atribuidos al padre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y supuso el cruce de una línea que hasta ahora todos los líderes políticos habían evitado traspasar.
La reacción no se hizo esperar. Desde el PSOE calificaron la intervención de “indecente” y “miserable”, mientras que otros partidos, como el PNV, también manifestaron su rechazo por lo que consideraron un ataque inaceptable a la vida privada de un dirigente público. “Se ha cruzado una línea roja”, afirmó la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, visiblemente molesta por el tono empleado por Feijóo. Incluso entre las filas populares hay quien, en privado, admite incomodidad con la deriva del discurso, aunque la dirección del partido insiste en que se trata de una “respuesta proporcional” a las actuaciones del Gobierno.
Lejos de rectificar, el Partido Popular ha consolidado su ofensiva. En las horas siguientes a la intervención de su líder, el grupo parlamentario registró preguntas escritas sobre propiedades vinculadas a Muface y planteó nuevas vías de presión institucional para mantener viva la polémica. La estrategia responde, según fuentes del partido, a la necesidad de “romper el relato” del Ejecutivo y de “marcar perfil propio” frente a Vox, que hasta ahora capitalizaba los mensajes más duros contra Sánchez.
Sin embargo, el uso de la vida personal como herramienta política abre una peligrosa puerta. Lo que algunos en el PP consideran una “táctica eficaz” puede tener efectos contraproducentes: erosionar la imagen del partido como fuerza de oposición responsable, dificultar pactos con formaciones moderadas y alimentar un clima de crispación que aleja a la ciudadanía del debate institucional. En paralelo, el Gobierno ha optado por no entrar en el barro. No ha habido desmentidos ni aclaraciones: Moncloa considera que responder sería “entrar en el juego” que persigue el PP.
Este episodio no es aislado. Llega tras semanas de presión judicial y mediática sobre Begoña Gómez, salpicada por una investigación abierta en un juzgado de Madrid, cuya base, según han sostenido varias fuentes, se apoya en recortes de prensa y una denuncia de origen dudoso. La ofensiva de Feijóo se presenta así como un paso más en una escalada política que difumina los límites entre lo público y lo privado, lo judicial y lo mediático.
El precedente está marcado, y la pregunta ahora es si este tipo de ataques se normalizarán en el nuevo tablero político. ¿Está justificado apelar a la familia de un presidente como vía legítima de desgaste? ¿Dónde termina el derecho a fiscalizar y empieza la intromisión en la vida privada? ¿Se trata de una estrategia política con recorrido o de un error de cálculo que puede volverse en contra?
