La participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2025 ha reabierto uno de los debates más candentes en la política internacional y, en especial, en la española: ¿puede mantenerse una posición neutral en un certamen cultural cuando hay acusaciones de crímenes de guerra sobre la mesa?
La ofensiva militar del Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza —que desde octubre de 2023 ha dejado más de 50.000 muertos, según cifras de la ONU, en su mayoría mujeres y niños— ha sido calificada por organismos internacionales y juristas como un posible crimen contra la humanidad. España, junto a países como Irlanda, ha sido uno de los más firmes en su condena a la escalada bélica israelí. Pero el momento y la forma en que se expresó esa crítica, justo antes y durante la celebración de Eurovisión, ha generado una tormenta política, diplomática y mediática.
Durante la emisión de la final del festival en RTVE, la cadena pública lanzó un contundente mensaje antes de emitir la actuación de Eden Golan, la representante israelí: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”. Una frase sobria, en pantalla negra con letras blancas, que fue interpretada por muchos como una declaración institucional del Gobierno de Pedro Sánchez. La reacción de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tardó en llegar: denunció una “violación de la neutralidad política del evento” y advirtió a RTVE con posibles sanciones por alterar el carácter apolítico del concurso.
Sin embargo, ese mensaje no fue un hecho aislado. Apenas 48 horas antes, Pedro Sánchez había pedido públicamente la exclusión de Israel de Eurovisión, apelando a la coherencia con la expulsión de Rusia en 2022 tras su invasión de Ucrania. “No debe haber dobles estándares en la cultura”, sentenció. El Ejecutivo español también ha respaldado las iniciativas judiciales de Sudáfrica y otros países ante la Corte Internacional de Justicia que acusan a Israel de genocidio.
En este contexto, el televoto español en la final de Eurovisión añadió una nueva capa de polémica. España otorgó su máxima puntuación, 12 puntos, a la canción de Israel, lo que desató una ola de indignación en redes sociales. Periodistas como Rosa Villacastín no dudaron en calificar el voto como una forma de “complicidad con el genocidio”. Desde sectores de la izquierda, se exigieron explicaciones a RTVE sobre la transparencia y trazabilidad del sistema de votación.
Pero si el gesto institucional provocó apoyo en unos sectores, no menos enérgica ha sido la respuesta crítica por parte de la derecha política y mediática. El Partido Popular, Vox y varios comentaristas habituales en tertulias televisivas han acusado a Sánchez de “instrumentalizar” Eurovisión y “manchar la imagen internacional de España”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no dudó en subirse al carro y cargar contra el “numerito” de la cadena pública. Otros sectores más moderados lo tildaron de “imprudente” o “desestabilizador” para las relaciones exteriores.
¿Fue el momento adecuado? ¿Debe un certamen cultural servir como altavoz político? ¿Acertó España al señalar con claridad a Israel en plena emisión? En este contexto, y ante la enorme repercusión del gesto, planteamos una pregunta a nuestros lectores:
