El Gobierno de coalición se sabe en un momento de debilidad. Los casos judiciales que afectan a la ex cúpula socialista, con Santos Cerdán como principal foco, y sobrevuelan el Ministerio de Transportes, por donde el paso de José Luis Ábalos causó estragos, avanzan velozmente, coincidiendo sus avances con citas electores importantes, y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) se suceden con cada vez más asiduidad, al albur de los escándalos al otro lado de la trinchera. Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, la orden de Moncloa es clara: paciencia.
De puertas para dentro, donde no es necesario fingir que alguien se cree la pantomima de la independencia judicial, los socialistas se apoyan en el carácter "cíclico" de las debilidades y consideran que el Partido Popular (PP) está quemando todas sus naves demasiado rápido, en una suerte de última cruzada que termine por tumbar al Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo se la ha jugado a todo o nada, sin reparar en el efecto bumerán del envite judicial, pero la cúpula de la coalición pretende aguantar el chaparrón apoyándose en una fecha futura: 6 de abril de 2026.
Poco menos de cuatro meses tiene el Partido Popular (PP) para que todo el que pueda hacer, haga. Después, el primer lunes de abril, se prevé que se abra el juicio del caso Kitchen, que investigará la trama policial tejida desde el Ministerio del Interior tras el estallido de la Gürtel para espiar y robar pruebas documentales al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Nuevos audios, como los destapados en las últimas semanas, verán la luz y, más allá de los investigados, otros políticos, empresarios e, incluso, medios de comunicación serán señalados y expuestos.
La fontanería del PP, al banquillo
En el banquillo se sentará toda la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, destacando el nombre del exministro Jorge Fernández Díaz. Otra ministra, María Dolores de Cospedal, ha evitado el banquillo gracias al omnipotente Manuel García-Castellón, el antaño juez de cabecera del PP que decidió ignorar durante dos años unos audios en los que la ex secretaria de general del PP y el comisario Villarejo conversaban sobre los documentos que, con la actuación de la trama, se intentaron robar al ex tesorero del partido.
No obstante, Fernández Díaz no estará solo. Le acompañaran el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el ex Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino; el excomisario destacado de la trama, José Manuel Villarejo; cuatro excomisarios más implicados, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera (ex responsable de la UDEF), Andrés Manuel Gómez Gordo; el inspector de policía José Ángel Fuentes Gago y el oficial de Policía y ex conductor de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Todo un entramado policial al que se acusa de intentar sustraer a Bárcenas material relacionado con la investigación del caso Gürtel.
Los delitos de los que se acusa a la élite de la policía patriótica no son pocos: encubrimiento, malversación de caudales públicos, contra la intimidad y cohecho pasivo propio. Entre 12 y 19 años de cárcel es lo que pide la Fiscalía para los cabecillas de los once de la Kitchen. El Ministerio Pública es algo más indulgente con Martín Blas (dos años y medio) y no acusa a Fuentes Gago y Díaz Sevillano, para los que el resto de acusaciones, entre ellas el PSOE y Podemos como acusaciones populares, sí que solicitan penas de cárcel.
Génova tiembla ante lo que pueda llegar y presiona desde todos sus frentes (político, mediático y judicial) para desgastar lo suficiente al Gobierno central y hacerle claudicar antes del temido mes de abril. Además, antes o después tendrá que avanzar la causa del novio de Ayuso, aunque le pese a la Justicia, y el entramado del caso Montoro, que expone a otro exministro de Rajoy, en este caso el de Hacienda, seguirá desentramándose. Antes, Moncloa deberá dar muchas explicaciones sobre los casos que afectan al Gobierno y hacer de tripas corazón. Paciencia es la máxima socialista.
